Presupuestos 2012

Austeridad y amnistía

Ayer comenzó la liturgia parlamentaria de la presentación de los Presupuestos. Algo es claro al inicio de su tramitación: austeridad radical, recorte y búsqueda de la consolidación fiscal. El gasto social cae y lo hace de un modo intenso. Se preserva la partida de pensiones, cae educación, se lamina la investigación, la dependencia, las políticas activas de empleo. El ajuste es algo más que lacónico en estos campos, radical.

Son medidas excepcionales para un tiempo que nos dicen extraordinario, en el epicentro mismo de la economía del miedo, como la ha bautizado Joaquín Estefanía. El espejo sigue siendo primero Berlín, después Bruselas, y en el fondo, el miedo real, no solo aparente y electoral, de una intervención. Se agradecería también una mayor explicación a la ciudadanía, real, objetiva, cierta. Riesgos, análisis, medidas y sacrificios. Explicar, comunicar, aseverar, verdadera línea de agua del Gobierno. Es decidido, sin embargo, en el recorte. No hay otra salida por mucho que la izquierda trate de desnudar lo que simplemente hay que hacer. La poda ha comenzado en enero. Y seguirá otro año más, al menos.

Austeridad. En todas las partidas, una tras otra. Ya no es tiempo de aeropuertos, rotondas, pabellones y teatros. Tan dados por toda la geografía política y territorial de este país que en épocas donde nos creíamos ricos gastamos a espuertas, endeudándonos sin mesura, sin responsabilidad y agigantando un enorme saco de cristal que ahora está a punto de agrietarse del todo. La inversión en infraestructuras cae a la mitad. Es el reflejo de una realidad donde la recuperación y reactivación es la finalidad, la única, la verdadera tabla de salvación en medio de unos sacrificios que varias generaciones no habían conocido antes. Sube el coste de la deuda, el endeudamiento roza el 80% del PIB, lo anunció el ministro de Economía la misma mañana de los Presupuestos. Cifras nunca vistas, o a las que nunca habíamos prestado atención. Se paga ya más por deuda que por personal.

Búsqueda de credibilidad exterior a costa de reducir el gasto y la inversión, bonificaciones, subvenciones y cooperación. Y sin embargo seguimos pinchando en la credibilidad interior. Pero si algo sigue dando retazos es sin duda el anuncio de la amnistía fiscal. Taimadamente, el Gobierno se empeña en la misma. No así en luchar contra el fraude fiscal, de momento. Solo lo que se elude a Hacienda de economía sumergida llegaría para aliviar recortes, déficit y nuestra situación económica. Sesenta mil millones se estima, como los mismos 25.000 que ahora se quieren aflorar eufemísticamente.

Los inspectores de Hacienda avisan de su inconstitucionalidad. De la ruptura de los principios tributarios. Se premia al defraudador, al evasor, al corrupto en suma, sea en patrimonio interno o sea en dividendos en el exterior. Pagan incluso menos que lo que un mileurista debe pagar prácticamente. ¿Cómo se explica eso desde la igualdad tributaria? La altura moral de una sociedad se mide en función de su grado de permisividad con la corrupción, con la ausencia de ética, con el amparo tácito de conductas, actuaciones, comportamientos y silencios que eluden y evaden las obligaciones que como ciudadanos tenemos en una sociedad.

¿Por qué no se quiere luchar de verdad con todos los medios contra el fraude? Siempre en el frontispicio de la política, pero siempre arrostrado por la demagogia electoral, que unos y otros Gobiernos han ido concediendo a lo largo de los años. Ni igualdad ni progresividad ni proporcionalidad ni legalidad tributaria, cuando unos defraudan y se les premia y otros que pagan y cumplen son tratados de modo desigual. Conceder una amnistía es convalidar actuaciones ilícitas e ilegales, injustas y desproporcionadas. No se puede justificar en excepcionalidades ni en evitar subidas del IVA. Estas llegarán igualmente. Es tolerar a posteriori la infracción que se hace de un modo consciente y deliberado. Es aplaudir el abuso, la mentira, la conculcación de los principios tributarios y sus obligaciones.

Abel Veiga Copo. Profesor de Derecho Mercantil de Icade