Rigor para afrontar una situación excepcional
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llevó ayer al Congreso de los Diputados los primeros Presupuestos Generales del Estado de la era Rajoy. Y son unas cuentas propias de una situación de excepcionalidad -tal y como se han encargado repetidamente de transmitir tanto Rajoy como Montoro-, que tratan de conseguir el complicado objetivo de rebajar el déficit público del 8,5% al 5,3% y que persiguen recobrar la confianza perdida hace ya tiempo en la economía española por parte de los mercados y hasta de algunas instituciones de carácter internacional.
El proyecto presentado por el equipo de Hacienda es una compleja mezcla de ajuste duro de gastos, ingeniería fiscal para levantar ingresos casi sea como sea y firmeza inquebrantable con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Eso sí, con unas cuantas líneas rojas muy evidentes: no se tocan las pensiones, las prestaciones por desempleo y el sueldo de los funcionarios. Unos límites que permiten, según el Gobierno, mantener las rentas de unos colectivos importantes para recobrar el pulso de la economía, aunque no cabe la menor duda de que tras esta decisión se esconde un claro guiño político destinado a contrarrestar el malestar social generado por las reformas, especialmente la laboral, llevadas a cabo por el Ejecutivo.
Bajando al terreno de las grandes cifras, el recorte que van a aplicar los ministerios a lo largo de este año asciende al 16,9%. Y desglosado por partidas, el gasto considerado genéricamente de carácter social -políticas activas de empleo, educación, dependencia, acceso a la vivienda- suma un 30% del conjunto de los ajustes. La anhelada y reclamada I+D tampoco se libra de la tijera, pues los fondos destinados a este fin se reducen una cuarta parte.
Pero si algo resulta llamativo en los Presupuestos de 2012 son las novedades, las singularidades fiscales. La primera, aunque parezca ya muy lejana, es el fuerte incremento del IRPF aprobado a finales del año pasado por el Gobierno que preside Mariano Rajoy precisamente para que sus efectos computen en la cuentas de este ejercicio. Esa notable subida ha sido, a la postre, vital para que Hacienda decidiera no elevar el IVA -que hubiera tenido un efecto pernicioso sobre el ya notablemente deprimido consumo privado- y optara por emprender otros caminos para obtener más ingresos por la vía fiscal. Incrementar la presión de las empresas endureciendo las deducciones que giran en torno al impuesto de sociedades ha sido uno de los senderos elegidos. La amnistía fiscal, tanto para particulares como para empresas, el otro. Una medida discutible y discutida por la totalidad de los partidos de la oposición, pero que no deja de ser la respetable opción de quien tiene la ineludible responsabilidad de decidir.
No obstante, el gran mensaje de los Presupuestos es la llamada al rigor y al estricto cumplimiento del objetivo de déficit pactado con Bruselas. Y en este terreno, las comunidades autónomas y los municipios juegan un papel realmente decisivo. Durante los últimos años ha habido un excesivo relax de estas Administraciones a la hora de cumplir con sus objetivos de control de gastos y, por ende, de déficit, lo cual ha perjudicado sobremanera al conjunto de la economía española. En esta ocasión, el Ejecutivo parece no estar dispuesto a que ese relax se extienda. De hecho, tanto Montoro como su secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se mostraron dispuestos a usar todas su armas -incluida la intervención- para que comunidades autónomas y ayuntamientos cumplan.
Con las intenciones y las líneas maestras del Presupuesto sobre la mesa, la pregunta es evidente. ¿Serán suficientes para recobrar la confianza perdida? El propio Montoro fue tajante al respecto. A corto plazo y solo con los Presupuestos, no. Otra cosa es a medio plazo y sumando a las cuentas del Estado los efectos de las reformas emprendidas y las que vendrán, completó el ministro. Y el mercado pareció seguirle el razonamiento, al menos en su primera parte. El Ibex cerró con una caída del 2,7%, marcando mínimo anual, mientras la prima de riesgo siguió con su escalada. En suma, los Presupuestos Generales del Estado de este año podrían definirse perfectamente como aquellos que nadie quiere firmar. Aun así, el equipo de Hacienda ha logrado que sean los menos malos de los posibles.