Incertidumbre sobre las cuentas
A la espera de conocer la concreción del Presupuesto, los grandes números nos permiten ya realizar una valoración inicial. El proyecto de Presupuestos no muestra una estrategia coherente.
En estos momentos, el país se debate en cómo garantizar la devolución de la deuda soberana y, por lo tanto, aminorar el peso de los intereses y minimizar el efecto de tal política depresora sobre el crecimiento. Y en este debate parece que hay dos posiciones enfrentadas. Por una parte, hay quien argumenta la necesidad imperiosa del cumplimiento del objetivo de déficit, aun a costa de deprimir más la actividad, porque está en juego la credibilidad del país a corto plazo. Por otra parte, hay quien defiende la apertura de una nueva negociación para suavizar los objetivos, confiando en que los acreedores compartan que solo una economía que crece puede devolver su deuda sin incertidumbres. Ambas posiciones tratan de ganar la credibilidad de nuestros acreedores, pero la opción elegida por el Ejecutivo no se amolda a ninguna, apostando por un cumplimiento estricto del objetivo y fijando unos Presupuestos que no son coherentes con tal propósito.
El conjunto del sector público debe ajustar su déficit público en 34.000 millones de euros, de modo que la Administración central y la Seguridad Social reducen su saldo negativo neto en 18.000 millones y en 16.000 las Administraciones territoriales. Adicionalmente, el Presupuesto cuantifica un volumen adicional de gastos no negociables para el Estado (intereses, financiación a Administraciones territoriales, prestaciones no contributivas y pensiones de clases pasivas) valorados en 9.500 millones, de modo que el ajuste bruto del déficit para la Administración central debería alcanzar 27.500 millones para dejar el saldo fiscal en el 3,5% del PIB, quedando pendientes del cumplimiento por parte de los entes territoriales de sus propios objetivos.
Por una parte, el Ejecutivo confía en incrementar los ingresos elevando la presión fiscal, sumando a la subida temporal del IRPF una revisión del impuesto de sociedades. Y por el lado del gasto, el Gobierno planea un fuerte ajuste que compense el incremento del peso de los intereses. Por cierto, este desplazamiento del gasto desde la inversión o las políticas activas de empleo hacia el pago de intereses debería hacer recapacitar a aquellos que aún dudan de la necesidad del ajuste fiscal, más allá del debate sobre su intensidad. El problema es que el Ejecutivo no valora el efecto procíclico de su política fiscal, dado que las nuevas medidas no muestran efecto alguno sobre la previsión de crecimiento anunciada. En este sentido, resulta poco plausible confiar en efectos ricardianos o crowding-in del ajuste fiscal, de modo que el objetivo anunciado o no puede cumplirse o, en su caso, debería conducir a una revisión del crecimiento, afectando negativamente a su vez a la relación del déficit respecto al PIB. Y es aquí cuando surge el interrogante central dado que se persevera oficialmente en el objetivo establecido pero no fija los instrumentos necesarios, lo cual solo puede elevar la incertidumbre sobre nuestras cuentas.
Por último, solo anotaré que el país necesita un nuevo armazón fiscal con vocación de permanencia que sostenga los niveles ordinarios de gasto sin comprometer el déficit estructural. En estos Presupuestos no se observa una estrategia de largo plazo que vaya más a allá de los compromisos coyunturales. Y la prima de riesgo continúa en tensión.
Jonás Fernández Álvarez. Director del Servicio de Estudios de Solchaga Recio & Asociados