TRIBUNA

¿Impuesto de sociedades lesivo para la I+D+i?

Como se ha ido barajando desde que se produjo el cambio de Gobierno en España, con la victoria por mayoría absoluta del Partido Popular, desde el Ministerio de Hacienda y por boca de su titular, el ministro Cristóbal Montoro, se pretende acometer una reforma de amplio calado del Impuesto de Sociedades. Esta modificación se fija el objetivo de incrementar la recaudación del Estado, pero con un claro trasfondo populista de contentamiento de los ciudadanos, cuya percepción es la de una Administración condescendiente con las empresas, más si cabe aún con la promulgación de la enésima reforma laboral y sus derivadas en forma de sucesivas movilizaciones y huelga general. La recaudación por el Impuesto de Sociedades en España ha ido decreciendo dramáticamente a la par de la agudización de la crisis económica. Así, de un ingreso en las arcas del Estado de cerca de 44.823 millones de euros en 2007, se ha pasado a 16.611 millones de euros en 2011. Esta muy notable reducción se ha cebado, en primer lugar, en las propias empresas tributarias, reduciendo sus márgenes de beneficio, así como en las cuentas de la Hacienda común, recaudando en cuatro años cuatro veces menos, con los consecuentes recortes en los presupuestos generales que tal hecho obliga.

El ministro de Hacienda ha decidido aumentar la recaudación de este impuesto sin esperar a una recuperación económica que mitigue en parte este incremento impositivo (cabe recordar que en este primer trimestre de 2012 España ha vuelto a entrar en recesión). Entre las principales modificaciones que se han estudiado, y que están pendientes de ser aprobadas esta misma semana en Consejo de Ministros, existe una que incide directamente en la financiación de la I+D+i: la disminución de la cuota íntegra.

Actualmente, el 35% de la cuota íntegra marca el límite del total de deducciones aplicables en un ejercicio. Sin embargo, si las deducciones por I+D+i superan el 10% del total de la cuota íntegra (simplificando, el resultado de la multiplicación de la base imponible por el tipo de gravamen), el límite de deducción aumentaba al 50% de la cuota íntegra, y podía llegar hasta el 60% con la entrada en vigor de la socialista Ley de Economía Sostenible, en aquellos ejercicios fiscales con fecha de inicio posterior a 6 de marzo de 2011.

La modificación que baraja el ministro Montoro pasa por reducir el límite del 35% al 25% de la cuota íntegra, sin que aún se haya especificado si, en caso de existir deducciones por I+D+i, este límite se vería aumentado como ya sucede actualmente.

Con esta posible medida, sumada a la reducción de la financiación de Centros de Investigación y a los recortes de subvenciones y convocatorias para proyectos de I+D+i, se evidencia un peligroso panorama para la investigación, el desarrollo y la innovación española en los años próximos. Asimismo, estas políticas entran en clara contradicción con la voluntad europea de favorecer la participación del capital privado, con particular énfasis en las pymes, en la excelencia científica y en el desarrollo tecnológico. Y a su vez, contrasta con las medidas que están llevando a cabo países emergentes como Brasil o Chile, con unas nuevas legislaciones que en poco tiempo superarán los pingües reconocimientos a las empresas por su implicación en la I+D+i. Dicho esto, cabe destacar que las empresas no realizan actividades de I+D+i para poder únicamente deducirse parte del gasto realizado; las empresas apuestan por este tipo de proyectos para poder aumentar su competitividad, mejorar su productividad y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Es por este motivo que las deducciones por I+D+i premian, por un lado, una mayor implicación de las empresas en la excelencia científica y tecnológica, y por otro, compensan en cierta medida el riesgo económico que conlleva la dedicación y apuesta por la I+D+i. Una mayor deducción aplicable convencerá a las empresas a invertir más en este concepto, a preocuparse menos por la recuperación de la inversión y, por consiguiente, a aumentar el alcance técnico y las probabilidades de éxito de estos proyectos.

Por tanto, España y su neonato Gobierno se encuentran en una encrucijada que puede marcar el futuro a corto plazo de nuestra sistema de I+D+i (y por extensión, de nuestra economía): si se reforma el Impuesto de Sociedades endureciendo las posibilidades de deducciones por I+D+i, sumado al recorte de subvenciones en este ámbito y con una incesante fuga de cerebros científicos al extranjero, estaremos condenando a nuestro país a seguir, durante mucho tiempo, en el vagón de cola europeo de la inversión en ciencia y tecnología. Y de esta manera, sin financiación pública y restringiendo la inversión privada, quién se encargará de invertir en I+D+i en España?

Xavier Cazabón. Director general de F. Iniciativas