EDITORIAL

Un ejercicio estéril contra una reforma inevitable

El séptimo intento sindical de la democracia por paralizar la economía y la sociedad española convocado para hoy por UGT y Comisiones Obreras, con el aliento explícito en algunos casos y subterráneo en otros de los partidos políticos de izquierda, puede terminar por revelarse como un ejercicio estéril. En términos formales podemos considerar que esta convocatoria podría contar con el argumentario más sólido de cuantas la han precedido desde 1985 hasta hoy, porque la aprobada por el Gobierno en febrero es una auténtica reforma laboral. Un texto que moviliza todos los refugios proteccionistas que la legislación laboral conservaba hasta ahora, desde la contratación hasta el despido, pasando por la movilidad interna, la determinación del salario ajustado al desempeño y la adaptación de la empresa a los cambios del mercado en el que trabaja. Una auténtica reforma laboral, pese a que hay crecientes opiniones que la catalogan de modesta.

Pero un análisis sosegado del contexto en el que se producen los acontecimientos nos lleva a concluir que la reforma es imprescindible: casi cinco millones y medio de parados, nada menos que casi uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar y uno de cada dos con menos de 30 años; una recesión dura que amenaza con prolongar su longevidad varios años tras haber agotado el ciclo anterior las fuerzas de una economía sobreendeudada; y la imposibilidad de utilizar las armas que tradicionalmente esgrimía España cada vez que una crisis la ponía, como ahora pero ahora más que nunca, contra las cuerdas. Por tanto, una reforma exigente, profunda e inevitable.

Los sindicatos han dispuesto de cuatro largos años de crisis para intervenir en el mercado de trabajo y corregir la situación, contribuyendo de alguna manera a atemperar el durísimo ajuste del empleo. Pero no lo han hecho. Han preferido que funcionase el mecanismo de corrección tradicional: ajuste por cantidad (empleo) ante la imposibilidad de ajuste por precio (salarios). Pero ahora, sin moneda propia y a cuerpo descubierto ante unos mercados que antes nos han sobrefinanciado y ahora amenazan con dosificar los recursos encarecidos que nos inyectan, España tiene que flexibilizar sus normas para buscar los elementos que simulen una devaluación de costes y de precios como única alternativa para recomponer el crecimiento en los mercados externos, y hasta en el interno, donde la oferta nacional ha perdido también pujanza.

Nunca como ahora ha estado justificada la prisa en la toma de decisiones, aunque haberla ejercido no ha excluido la posibilidad de que los sindicatos aportasen sus propuestas. Ha habido celeridad en el ajuste de gasto público, en la subida de impuestos, en el saneamiento bancario, y, por supuesto, en la flexibilidad laboral. Los sindicatos se han agarrado a un ejercicio de huelga legítimo, pero que puede convertirse en un acto de melancolía si, pese a un seguimiento aceptable en la economía tradicional, no logra modificar sustancialmente la legislación activada.

No obstante, el Ejecutivo debería buscar algún resquicio para la transacción que pueda abrir una oportunidad a la aportación sindical y política de la oposición. Algo a lo que sindicatos y patronal deberían sumarse, porque, a fin de cuentas, están condenados a convivir con esta nueva legislación unos cuantos años, quizás siempre, porque nadie que no esté hoy en el Gobierno se atreverá a anular en el futuro unos estándares de flexibilidad laboral que están en la legislación europea desde hace mucho tiempo. Una legislación consensuada, y compatible con una reforma profunda y urgente que hoy es imprescindible, es mejor que una impuesta.

Como España tiene una sociedad que ha madurado mucho más que algunas de sus instituciones y organizaciones, respetará tanto el derecho legítimo de huelga como el no menos legítimo del trabajo de quien quiera ejercerlo. Los sindicatos darán una lección ejemplar limitando a la información verbal el ejercicio de sus piquetes, e independientemente del seguimiento que tenga su convocatoria, recomponiendo su vertiente dialogante a renglón seguido. Las huelgas generales, incluso las convocadas apresuradamente para influir en procesos políticos, son armas que sólo pueden dispararse una vez, y apagado su estruendo, la economía y la vida siguen. Si hay algo que legitima al movimiento sindical más que una huelga es la aportación a un acuerdo.