Los cargos públicos que gestionen mal serán multados e inhabilitados
Falsear u ocultar datos contables o gastar sin tener crédito para ello en la Administración pública ya no quedará impune, según el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que aprobó el viernes el Consejo de Ministros.
Los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a 10 años de inhabilitación y una multa, según consta en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Además, esta norma establecerá baremos para fijar los sueldos de los cargos electos locales, que se recogerán cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría explicó que España es uno de los pocos países de la UE que no dispone de una norma de estas características y recalcó que su aprobación definitiva -no se prevé que sea antes de junio- permitirá "reforzar la confianza y la credibilidad de las instituciones españolas".
La norma impone férreas obligaciones de buen gobierno y principios éticos de actuación, con el correspondiente régimen de infracciones y sanciones, incluso penales, para los malos gestores o los que incumplan las obligaciones previstas en la ley, según destacó la vicepresidenta.
Otra de las novedades que incorporará el futuro marco legal es un procedimiento de audiencia pública, de forma que los ciudadanos dispondrán de 15 días a partir del lunes para hacer aportaciones y sugerencias al texto de la ley a través de la web del Ministerio de la Presidencia.
La Ley de Transparencia "refuerza" las obligaciones de publicidad activa de todas las Administraciones y, por lo tanto, deberá suministrarse en las webs de las Administraciones información sobre contratos adjudicados con indicación del objeto, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, adjudicatario, prórrogas o precios del contrato, entre otras.
Fichaje de Telefónica
Igualmente, deberá ofrecerse información sobre las retribuciones percibidas por los órganos superiores y directivos y las resoluciones dictadas por la Oficina de Buen Gobierno y Conflicto de Intereses sobre compatibilidad con actividades privadas a realizar por los cargos incluidos en la Ley de Conflictos de Intereses. Entre las infracciones "muy graves" en materia de gestión económico-presupuestaria figurará la utilización de compromisos de gastos sin tener crédito para hacerlo o la ausencia de justificación de la inversión de los fondos con arreglo a la Ley de Subvenciones.
Para fijar los sueldos de los alcaldes y concejales se tendrán en cuenta las características de cada entidad local, el tamaño y sus circunstancias económicas o administrativas.
Por último y en relación al fichaje de su marido, el abogado Iván Rosa, por Telefónica, la vicepresidenta apeló al "derecho de abstención" que atañe a todos los altos cargos de la Administración central para garantizar que se inhibirá en la toma de decisiones que puedan afectar a la operadora de telecomunicaciones.
Plante a la subasta de fármacos en Andalucía
La subasta de principios activos, una de las medidas estrella de la Junta de Andalucía con la que pretendía ahorrar 200 millones, ha sufrido su primer accidente antes de ponerse en marcha.El Ejecutivo andaluz escogió el lunes a 11 laboratorios para producir anticoagulantes, protectores gástricos y fármacos contra el colesterol a los precios más baratos. Todos debían presentarse el viernes en la Consejería de Salud para formalizar sus contratos, pero solo se presentaron cuatro. La consejera de la Junta, María Jesús Montero, denunció que los laboratorios habían recibido presiones de Sanidad, advirtiéndoles que debían bajar sus precios en el resto de comunidades si finalmente firmaban esos contratos en Andalucía. Las empresas justificaron su ausencia ante la aparición de un informe del Consejo de Estado que consideraba que la subasta podía ser inconstitucional.