Un éxito político que hay que aprovechar
Tras unas negociaciones que se han desarrollado con lógicas dosis de discreción, aunque con extraordinarios resultados, España ha arrancado de Bruselas el ansiado compromiso de flexibilización del objetivo de déficit público para este año. Tanto la estrategia adoptada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy como la forma en que Europa ha gestionado la propuesta constituyen un excelente ejemplo de lo que los anglosajones denominan una estrategia win-win: ganas tú, pero también gano yo. Gana España, indudablemente, al lograr que se modifique el objetivo de déficit desde el 4,4% inicial a un 5,3% incomparablemente más asumible para el conjunto del país. Y gana también Bruselas, al mantener el privilegio del que pronuncia la última palabra mediante el rechazo oficial de la primera propuesta de Rajoy -un objetivo del 5,8%- y su sustitución por un 5,3% que España ha aceptado con satisfacción. Pese a ese ejercicio de equilibrio negociador y tira y afloja diplomático, la decisión ha salido del horno europeo repleta de ampollas. No han faltado entre los socios comunitarios quienes han denunciado un supuesto trato favorable hacia España en relación a otros países, como Hungría, a la que ayer se comunicó la imposición de una multa de 495 millones de euros por su indisciplina presupuestaria.
Sin embargo, donde algunos ven una doble vara de medir, existen unas muestras de seriedad y compromiso que es justo y necesario defender aquí y en Bruselas. Como recordaba el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, España ha realizado "grandes progresos" en materia de reformas en un insólito -por breve- periodo de tiempo. Esa circunstancia, junto al firme respaldo expresado por el Gobierno al objetivo de reducir el déficit público a un 3% en 2013, es lo que ha pesado decisivamente en la balanza de los líderes europeos a la hora de conceder esta suerte de medida de gracia.
Los 5.000 millones que implican esas cinco décimas impuestas a España suponen un recorte adicional que el Gobierno deberá poner en marcha cuanto antes. Desde el Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro ya ha confirmado que será la Administración central la que asuma esa factura, dado el esfuerzo de ajuste que han de llevar a cabo unas comunidades autónomas y ayuntamientos que tras años de laxitud en las cuentas y derroche en el gasto encaran un ejercicio de extraordinaria dureza. La pregunta ahora es cuáles serán las herramientas que la Administración central deberá utilizar para cumplir con el nuevo objetivo. Aunque el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones su negativa a acometer una nueva subida de impuestos, un sutil y novedoso matiz en el lenguaje de Montoro -que ayer reiteraba que no habrá subidas impositivas "injustas"- permite barajar distintas opciones de técnica tributaria que harán posible satisfacer el objetivo. Es el caso de la eliminación o reducción de deducciones y beneficios en el impuesto sobre sociedades y otros tributos o una rebaja en los sueldos de los funcionarios, que suponen un 22% del total de gastos no financieros de la Administración central y casi el 50% en las regiones.
Sea cual sea la solución finalmente adoptada, no puede haber duda de la necesidad de que España cumpla a rajatabla el compromiso cerrado con Bruselas. Los buenos resultados alcanzados en las negociaciones del Gobierno constituyen un éxito político indudable y devuelven en buena parte a España el papel de un jugador con capacidad de maniobra en el tablero europeo. Pero de poco servirá esa victoria si no se administra de modo riguroso. El Ejecutivo afronta un ejercicio de dificultad sin precedentes, que incluye la culminación de la reforma financiera y la reforma del mercado de trabajo, pero también la supervisión del severo recorte presupuestario que deben realizar comunidades autónomas y ayuntamientos. Sin duda, España ha conseguido una tregua, pero ahora toca aprovecharla.