Juicio a la exdirectora general de CAM

El FROB dice que la actuación de Amorós es de "vía penal"

Uno de los tres administradores de Caja Mediterráneo (CAM), José Antonio Iturriaga, ha dicho hoy en el juicio por el despido de la ex directora general María Dolores Amorós que la gestión de ésta en la entidad es propia de la "vía penal".

La ex directora general de Caja Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós, en el banquillo de los acusados el 24  de febrero de 2012
La ex directora general de Caja Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós, en el banquillo de los acusados el 24 de febrero de 2012

Iturriaga ha expuesto que existen documentos, soportes informáticos y correos electrónicos cruzados entre diferentes actores de CAM que reflejan incumplimientos normativos y ocultación de cifras.

Iturriaga, inspector del Banco de España en excedencia, fue nombrado administrador de la entidad alicantina junto a otras dos personas más por la comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), a raíz de la intervención de CAM.

En calidad de testigo, ha señalado que la situación patrimonial de la entidad alicantina era "muy distinta" de la que dibujaba la dirección. Algunos de los primeros indicios que condujeron al Banco de España a pensar que la situación "no era tan buena" surgieron tras analizar las retribuciones establecidas en los fondos de pensiones asignados a los ejecutivos que abandonaban la entidad.

"Eran muy superiores" a la media de otras entidades, ha añadido Iturriaga, quien no ha detallado qué posibles implicaciones o derivaciones conllevaban tales retribuciones. Sobre este aspecto se ha referido el ex director general de Recursos Humanos de CAM Vicente Soriano, quien, también en calidad de testigo, ha apuntado que el sistema de pensiones y de adicionales a las mismas y las bases de cálculo para éstas se establecieron en 2007.

Amorós pide 10 millones de indemnización

La abogada de la Caja Mediterráneo (CAM) ha considerado desproporcionada la petición de diez millones de euros de indemnización en concepto de lucro cesante solicitada por la exdirectora general de la entidad María Dolores Amorós durante el el juicio por despido que se celebra en Alicante.

A esta cifra, que Amorós reclama por despido improcedente, se sumaría una segunda indemnización por el tiempo trabajado, cuya cuantía aún no ha sido expuesta. Su petición ha sido expuesta en el inicio de la vista oral que por este hecho se celebra en el juzgado de lo Social 4 de Alicante, cuya sesión es seguida por una veintena de medios de comunicación y por un grupo de titulares de acciones preferentes.

En su exposición de hechos, la abogada de la entidad bancaria alicantina ha apuntado que Amorós "falseó cuentas, manipuló resultados y ocultó información". Ha explicado que la exdirectora general de CAM, cargo que ostentó entre diciembre de 2010 y septiembre de 2011, informó al Consejo de Administración y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de "la buena situación de CAM" en el primer trimestre del año pasado cuando "la morosidad de los créditos y la falta de provisión" ante los impagos era evidente.

La letrada de Banco CAM ha incidido en que, si bien Amorós "transmitía tranquilidad" y aseguraba "la viabilidad" de la entidad, "la realidad" era de "una liquidez comprometida", "un deterioro de los activos", "una reducción de los márgenes" y "falta de confianza externa".

Fuentes del entorno de la exdirectora general han adelantado que Amorós tiene previsto pedir que su despido sea declarado improcedente, decisión que, de alcanzarla, podría conllevar el cobro de una indemnización cifrada, según la acusación particular, en diez millones de euros.

Además, Amorós instará a que se respete la pensión vitalicia de 369.497 euros al año aprobada cuando estaba al frente de la entidad y que fue derogada posteriormente.

Amorós fue despedida el 28 de septiembre de 2011 por los nuevos administradores de CAM a raíz de la intervención del Banco de España en julio de ese año, que, a través del FROB, capitalizó la CAM con 2.800 millones de euros mediante la compra de acciones y de otros 3.000 millones para dar liquidez inmediata.