EDITORIAL

Beneficios fiscales con mayor control

No es ningún secreto que la crisis económica está golpeando con inusitada dureza tanto a pequeños profesionales como a trabajadores autónomos y microempresas. Desde junio de 2008 se han destruido más de 300.000 empleos de trabajadores por cuenta propia, lo que supone una debacle de extraordinaria gravedad. Buena parte de esa desaparición se ha concentrado en el sector de la construcción, aunque también la agricultura y la industria han sufrido los rigores del largo invierno económico que vivimos. Consciente de la importancia de conceder un balón de oxígeno a un colectivo que aglutina una importante cuota de empleo en España, el Gobierno del Partido Popular incluyó entre sus promesas electorales la posibilidad de que los autónomos pudiesen retrasar la declaración del IVA hasta cobrar de forma efectiva las facturas que generan esa obligación. Se trata de una propuesta de gran importancia para este colectivo, que el año pasado adelantó al fisco alrededor de 2.000 millones de euros.

Pese a ello, toda concesión tiene su contraprestación. En el caso de esos prometidos cambios en el IVA, la medida implicará un refuerzo del control tributario sobre la actividad de estos profesionales y pequeños empresarios. Ello exigirá que tengan que llevar un libro de registro del IVA, así como facilitar muchos más datos a Hacienda y soportar de una forma más intensa el peso de la burocracia. Se trata de un precio no solo razonable y necesario para evitar la proliferación de abusos, sino también de un deber que vale la pena asumir, puesto que la medida liberará a muchos profesionales y microempresas de la carga que supone adelantar un dinero que todavía no han recibido. En un momento en que la falta de liquidez y la morosidad suponen una trampa mortal para muchos pequeños negocios, la posibilidad de retrasar ese pago del impuesto es, sin duda, una buena noticia.

El Ejecutivo ya ha confirmado que incluirá la medida en la futura Ley de Emprendedores, una norma que a priori debería estar lista en este primer trimestre. En el texto se contemplan también otras propuestas de apoyo. Es el caso de la creación de una cuenta tributaria que permita compensar con el pago de menos impuestos las deudas pendientes con las Administraciones públicas y la revisión a la baja -y con carácter coyuntural- de los actuales recargos que se aplican a cambio de aplazar el pago del IVA y de las cotizaciones sociales. Desde el Ejecutivo se ha asegurado al colectivo que la inminente reforma laboral que prepara contemplará "flexibilidad con mayúscula" para aquellos negocios con menos de 10 trabajadores. Todas ellas son medidas muy bienvenidas en un momento en que el apoyo a las empresas es un presupuesto necesario y obligado para la ansiada creación de empleo.