Presunto delito de apropiación indebida

Díaz Ferrán declarará en la Audiencia Nacional el 22-F

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por el Ministerio Fiscal en la que acusa a los expropietarios de Marsans, Gerardo Díaz-Ferrán y Gonzalo Pascual, de apropiación indebida. El mismo delito se imputa a Iván Losada, que pasó a administrar el grupo tras la venta de Marsans en junio de 2010.

Gerardo Díaz-Ferrán, expresidente de la CEOE
Gerardo Díaz-Ferrán, expresidente de la CEOE

El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz-Ferrán, declarará en la Audiencia Nacional el próximo día 22 de febrero, a las 10.30 horas, acusado de presunto delito de apropiación indebida. Santiago Pedraz, magistrado del juzgado central de instrucción número uno de Madrid, ha admitido a trámite la querella presentada el pasado 27 de enero por el Ministerio Fiscal en la que acusa a Díaz-Ferrán y a su socio Gonzalo Pascual, que declarará el día 21, de apropiación indebida. Iván Losada, que pasó a administrar Marsans después de que Díaz-Ferrán anunciara la venta del grupo al empresario Ángel de Cabo, especializado en liquidaciones, también ha sido acusado del mismo delito que los expropietarios de la compañía de viajes. Declarará el día 23.

En el auto, con fecha de ayer, el juez explica que al "tratarse de delito de defraudación que afecta a una pluralidad de perjudicados en el territorio de más de una audiencia" y que al deducirse que el número de perjudicados son al menos 4.706 personas "procede considerar a este Juzgado Central de Instrucción competente para conocer de los hechos objeto de la presente querella".

El fiscal Daniel Campos acusa a los tres querellados de provocar el vaciamiento patrimonial de la empresa, en perjuicio de los acreedores de Marsans, cuyo concurso de acreedores lo tramita el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid. El grupo Marsans está pendiente de liquidación y la juez del concurso tiene previsto dictar sobre la culpabilidad concursal de todos ellos en breve, según fuentes jurídicas consultadas.

En la querella, el fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campo explica que a finales de 2009 las sociedades de Marsans dejaron de abonar a los mayoristas las cantidades recibidas de los consumidores por los viajes y servicios contratados, informaron Ep y Efe. Por ello, los proveedores exigieron al grupo turístico el pago anticipado de los productos comercializados. Sin embargo los responsables del grupo "destinaron los fondos a fines ajenos a la actividad del grupo", de modo que muchos de los clientes que habían depositado una cantidad con Marsans vieron cancelada su reserva y no obtuvieron el reembolso del dinero anticipado, lo que supuso un perjuicio económico. El importe total de las cantidades que no se devolvieron a los clientes afectados ascendía a 4,43 millones de euros. Las salidas de la tesorería desde el Grupo Marsans se destinaron a otras compañías vinculadas con los antiguos y nuevos propietarios de la firma y a la emisión de cheques, algunos dirigidos al despacho de abogados del actual dueño de Marsans y de Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, así como a otras sociedades relacionadas con Posibilitum, según la querella del fiscal.