Política de vivienda: ¿sí?, ¿no?, ¿quién?
Las primeras decisiones del nuevo Gobierno en relación a la vivienda no llevan a engaño a nadie: todo va a cambiar. Donde Zapatero había creado un ministerio, sustituido en etapa de estrecheces por una también relevante secretaría de Estado, Rajoy ha rebajado aún más la consideración del Estado por este ámbito limitándola a una dirección general, de contenido casi administrativo. En las Cortes Generales se han suprimido las comisiones de Vivienda del Congreso y del Senado, de manera que, con mucha suerte, se va a tratar la cuestión alguna vez al año en la siempre ocupadísima Comisión de Fomento.
Sin embargo, estas pérdidas de relevancia contrastan con el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de recuperar la desgravación por compra de vivienda propia en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Dicha medida no ha procedido del Ministerio de Fomento, donde radica la Dirección General de Vivienda, sino del departamento de Hacienda, erigido en protagonista de cualquier decisión de contenido económico.
Ante este escenario, cabe preguntarse si en la agenda del Gobierno popular existe disposición de llevar a cabo políticas efectivas de vivienda. Tal cuestión no es banal. En la anterior legislatura, todas las formaciones políticas, excepto la socialista y UPyD, éramos partidarias de la desaparición del Ministerio de la Vivienda, por cuanto las competencias sobre la cuestión corresponden a las comunidades autónomas. Hasta tres votaciones perdió el Grupo Socialista ante la oposición unida a tal efecto. Algunos defendíamos que las únicas funciones de la Administración general del Estado en materia de vivienda eran de contenido económico y financiero y, por ello, debían de adscribirse al ministerio competente en la distribución de los recursos públicos. De hecho, en los debates parlamentarios ha sido frecuente la apelación a la innecesaria intervención estatal en materia de vivienda. Si el sistema financiero fuera capaz de suministrar los recursos crediticios para la promoción inmobiliaria, y si en los Presupuestos Generales del Estado se habilitaran las partidas oportunas para la vivienda de protección oficial, ¿para qué haría falta un Ministerio de Vivienda o, incluso, una secretaría de Estado?
El nuevo Gobierno parece compartir esta línea argumental, asumiendo el ministro Cristóbal Montoro la toma de decisión de las grandes medidas de alcance económico. No en vano, más de la mitad de nuevos parados sobrevenidos en España desde el inicio de la crisis procede del sector de la construcción. Para dinamizar la venta de viviendas y otros productos inmobiliarios, la solución del actual Gobierno no pasa por una costosísima política de subsidios, sino por incentivos de carácter fiscal y por reformas estructurales.
A mi juicio, la intervención pública debe pasar, sobre todo, por garantizar la financiación de las promociones y de los adquirentes. De hecho, los planes de vivienda nacieron para garantizar la financiación de la vivienda protegida. La inclusión de una promoción en el plan tenía el efecto inmediato de contar con los créditos del añorado Banco Hipotecario y, después de su desaparición, con la garantía que alguna de las tantas entidades bancarias o cajas conveniadas otorgaría dicha financiación. Presumo que, también en este aspecto, la respuesta del Gobierno actual procede de sus departamentos económicos: el principal beneficiario de la reestructuración del sistema financiero será todo peticionario de crédito. La lógica gubernamental es aplastante: restablecido el equilibrio de las entidades -a costa de culminar el proceso de concentración-, sus balances van a permitir que fluya la concesión de cuantos préstamos -incluso hipotecarios- se soliciten por parte de quienes acrediten su solvencia.
Así que vamos a tener que subsumir los debates -parlamentarios o no- sobre la colocación de los stocks inmobiliarios, así como sobre la capacidad de financiar promociones inmobiliarias y su adquisición por parte de las familias en los debates generales sobre la recuperación económica. Los instrumentos de actuación por parte del Estado serán preferentemente fiscales o derivados de las reformas estructurales previstas para el conjunto de la economía española. Los subsidios cotizarán a la baja, tal y como se ha establecido ya para la renta básica de emancipación, y las comunidades autónomas deberán basar sus políticas de vivienda protegida en la gestión urbanística y limitar las ayudas a lo que permitan las limitadas capacidades de las Haciendas no forales.
Estos son los grandes trazos que se dibujan estas primeras semanas del nuevo Gobierno. Habrá que estar muy atentos a las comparecencias de los ministros en las comisiones del Congreso de los Diputados, previstas para la semana que viene. Les confieso que, en materia de vivienda, mis preguntas van a tener un claro destinatario.
Pere Macias i Arau. Portavoz adjunto de CiU en el Congreso de Diputados