A las empresas de Nueva Rumasa se les agota el oxígeno

Once meses después de que José María Ruiz-Mateos anunciara la delicada situación de Nueva Rumasa, las empresas bordean la liquidación o están en proceso de venta

Los chocolates Elgorriaga. Los flanes de Dhul. Los batidos Cacaolat. Clesa. El paté Apis. Los Tranchettes... Son marcas que han ocupado las despensas de los españoles durante décadas y que ahora no es fácil encontrar en los supermercados. Todas ellas y tantas otras que formaban el grupo Nueva Rumasa afrontan un futuro incierto. Que pasa en muchos casos por la liquidación y la venta.

El pasado mes de febrero, José María Ruiz-Mateos ofrecía su primera rueda de prensa en 17 años, acompañado de sus hijos varones. Dijo aquello de "si no tuviera fe me pegaba un tiro" y avisó de la delicada situación de las empresas de Nueva Rumasa: las más conocidas se encontraban en preconcurso.

En aquella rueda de prensa la familia repartió un cuaderno con la memoria del grupo familiar al término de 2009. Según el informe, la facturación estimada para las empresas de Nueva Rumasa en 2010 era de 1.494 millones de euros. La valoración del patrimonio inmobiliario, de las marcas y de las existencias de las sociedades de los Ruiz-Mateos, "realizada por expertos independientes a 31 de diciembre de 2009", era de 5.901 millones. ¿Cómo es posible que el grupo hiciera gala de tal capacidad tan solo unos meses antes de anunciar su insolvencia?

El traspaso de la propiedad de Nueva Rumasa dificulta la labor de los administradores

Presumiblemente la emisión de pagarés que 13 empresas de Nueva Rumasa llevaron a cabo entre 2008 y 2011 explique ese desfase entre la realidad del grupo a principios de este año -situación de insolvencia- y lo que aseguraba la memoria de Nueva Rumasa a diciembre de 2009: la emisión solo tendría éxito si el grupo enmascaraba su crítica situación, lo que pudo hacer hasta febrero de 2011, cuando la quiebra era ya evidente.

A lo largo del año decenas de sociedades controladas por miembros de la familia Ruiz-Mateos han sido declaradas en concurso de acreedores. José María Ruiz-Mateos responsabilizó de la crisis del grupo a los bancos, primero a Royal Bank of Scotland, después a Santander.

Lo que los administradores nombrados por los jueces se han encontrado en esas empresas supone posiblemente la mayor quiebra en la historia de la industria de la alimentación en España. Y de acuerdo a sus informes no tiene sentido responsabilizar de la mala situación de la compañías de Nueva Rumasa a las entidades financieras. Préstamos entre las empresas del grupo, salidas de dinero a sociedades que nada tenían que ver con la actividad de estas compañías, operaciones alejadas de su negocio... explican más que nada la delicada situación en la que se encuentran.

Las dos compañías más conocidas del grupo, Clesa y Dhul, suman un desfase patrimonial de 1.300 millones de euros.

Clesa tiene un agujero patrimonial de 681 millones y está abocada a la liquidación. El informe concursal, al que tuvo acceso EP, recoge ventas ficticias realizadas en la compañía entre 2007, 2008 y 2009. La empresa láctea adquirió sociedades de la familia Ruiz-Mateos que nada tenían que ver con su actividad, como un hotel.

El agujero patrimonial de Dhul es de 618 millones. Los administradores señalan en su informe que la compañía de postres también llevó a cabo operaciones que poca relación tienen con hacer flanes. Como la compra de una vivienda en Madrid o la asunción de un crédito de 12 millones traspasado por unas bodegas controladas por la familia.

Los administradores concursales de las empresas de Nueva Rumasa están tratando de vender activos para pagar a los acreedores. La compleja relación entre las compañías de Ruiz-Mateos y el hecho de que cada una haya presentado concurso en un juzgado de una provincia diferente dificulta este proceso alargando la agonía de acreedores, trabajadores y proveedores.

Cacaolat financió entre 2010 y principios de este año la actividad de su matriz, Clesa, a pesar de que la compañía de batidos afrontaba "serias tensiones de tesorería", según el informe provisional de la administración concursal de Cacaolat, nombrada por un juez de Barcelona. La cervecera Damm y Cobega, embotelladora de Coca-Cola, anunciaron a principios de diciembre la compra de la unidad productiva de la compañía comprometiendo 130 millones de inversión. Pero la administración concursal de Clesa, nombrada por un juez de Madrid, considera que tenía que ser la matriz quien llevara a cabo la venta por lo que reclama la operación.

En Elgorriaga se ha abierto la fase de liquidación y se está en periodo de presentación de ofertas por la fábrica de la compañía, indican en el despacho Dictum Abogados, que forma parte de la administración concursal de la compañía de chocolates. A principios de enero también se darán a conocer las ofertas presentadas por la unidad productiva de Dhul.

Otro factor que está incidiendo en estas operaciones es la propiedad de la marca de lo que se compra. El comprador de la fábrica de Dhul, por ejemplo, ¿puede emplear la marca Dhul -a la que la familia Ruiz-Mateos, según la memoria de Nueva Rumasa de 2009, otorgaba un valor de 205 millones? Fuentes cercanas a la administración concursal de la compañía consideran que el comprador de la unidad productiva de Dhul podrá usar la marca "mientras dure el litigio".

Según fuentes cercanas a la familia Ruiz-Mateos, varias de las marcas más conocidas de la compañía son propiedad de la sociedad Lerton Holding, administrada por Zoilo Pazos Jiménez, sobrino de José María Ruiz-Mateos. "Menos Clesa y Cacaolat, el resto de la propiedad de las grandes marcas están registradas en sociedades domiciliadas en Belice", señalan las fuentes consultadas.

El pasado mes de septiembre tuvo lugar otro acontecimiento que ha venido a incrementar más aún la complejidad de los procesos concursales, de liquidación o de venta de empresas de Nueva Rumasa.

El empresario Ángel de Cabo, especializado en la reestructuración y liquidación de empresas, anunció el 9 de septiembre la adquisición de Nueva Rumasa (en realidad se produce el traspaso de sociedades a cambio de nada). De esta manera la familia Ruiz-Mateos se apartaba de los procesos de liquidación de las empresas para que fuera De Cabo y su equipo quienes dieran la cara ante empleados y acreedores.

Según fuentes cercanas a Ruiz-Mateos, la familia lleva a cabo la venta por un euro de sus sociedades con la pretensión de que De Cabo reparta los ingresos posibles que logre sacar de la liquidación de las compañías. Lo que sería contrario al interés de los acreedores de las empresas en cuestión.

En la actualidad, De Cabo administra más de 500 sociedades. El pasado año tomó el control del grupo Marsans al tiempo que la compañía de Díaz-Ferrán y Gonzalo Pascual entraba en concurso de acreedores; la mayoría de las sociedades del centenario grupo de viajes están siendo liquidadas. De forma similar De Cabo se hizo en 2009 con la constructora Teconsa.

Administradores concursales de varias de las compañías de Nueva Rumasa han solicitado a los respectivos jueces la suspensión de las funciones de administración de sus supuestos propietarios.

Iván Losada, nombrado director general de Nueva Rumasa y hombre de confianza de Ángel de Cabo, declaró en una reciente entrevista publicada en CincoDías que, en su opinión, tan solo algunas bodegas y hoteles de Nueva Rumasa tenían futuro. Un triste final para empresas que han dejado poso en la memoria colectiva de varias generaciones de españoles.

La familia, en el banquillo

La crisis de las empresas de Nueva Rumasa ha discurrido de forma paralela a la crisis de la familia Ruiz-Mateos. José María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones, su sobrino Zoilo Pazos y su esposa Teresa Rivero afrontan demandas por supuesto fraude que, en el peor de los casos, podría dar con los huesos de todos ellos en la cárcel. El juez Pablo Ruz, titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, admitió a trámite el pasado mes de junio una querella contra ellos presentada por 63 querellantes representados por el despacho Martínez Echeverría. Los querellantes son inversores en pagarés emitidos por empresas de Nueva Rumasa. Según el último informe elaborado al respecto por la Fiscalía Anticorrupción la familia Ruiz-Mateos captó 385,3 millones de euros de 4.110 inversores mediante la emisión de pagarés de 13 empresas del grupo Nueva Rumasa.Joaquín Yvancos, abogado de Ruiz-Mateos en los últimos 27 años, se personó como acusación particular en representación de su suegro, que invirtió 60.000 euros en pagarés de Nueva Rumasa, el pasado mes de noviembre. Ahora asegura que, previsiblemente esta misma semana, prepara la ampliación de la querella en la que va a pedir como medida cautelar el ingreso en prisión de la familia.