Los expertos reclaman techos de gasto diferenciados por autonomías

Baleares y la Comunidad Valenciana podrían dejar de prestar servicios básicos si tienen que cumplir el objetivo de reducción de déficit en 2012 (1,3% del PIB regional). Por ese motivo, Francisco Pérez, director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), pidió ayer déficit y techos de gasto diferenciados en función de la situación financiera de cada autonomía.

El peso del gasto público en el PIB varía mucho en España según las comunidades autónomas, oscilando desde el 68,9% que registra Extremadura hasta el 27,7% de Madrid. Asimismo, el endeudamiento autonómico también ofrece una fotografía muy diversa, con cuatro regiones (Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana) en el entorno del 20% de su PIB regional, mientras que la media del resto de comunidades se sitúa en el 10%.

Esa heterogeneidad, sin embargo, no se toma en cuenta a la hora de diseñar los escenarios de consolidación fiscal. De hecho, todas las comunidades tienen fijado como objetivo que su déficit no supere el 1,3% del PIB regional el próximo año, algo que, a juicio de Francisco Pérez, director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), puede ahogar aún más a economías en serias dificultades económicas. "Si comunidades con altos niveles de deuda y escasos recursos públicos, como Baleares o la Comunidad Valenciana, se ven obligadas a aplicar ajustes severos, probablemente disminuirá su capacidad para ofrecer servicios públicos básicos", advirtió durante la presentación del informe "Las diferencias regionales del sector público", dirigido por el propio Pérez y publicado en colaboración con la Fundación BBVA.

Un aviso basado en realidades: ambas están a la cola en el gasto público en relación al PIB (por debajo del 40%) y tienen un endeudamiento cercano al 20% del PIB, con lo que cualquier recorte adicional del gasto propiciará que, con toda seguridad, se deban reducir las prestaciones en sanidad o educación. De hecho, ambas están entre las cinco regiones que menos dinero dedican a sanidad. La Comunidad Valenciana ha gastado 1.188 euros por habitante y año entre 2000 y 2008, mientras que el gasto en Baleares llega a 1.131 euros. Tan solo Murcia y Madrid destinan menos y la media autonómica está en 1.252 euros.

En este contexto, Pérez abogó por que convivan objetivos de consolidación y techos de gasto (algo que el próximo Ejecutivo quiere introducir como obligatorio en la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria) diferenciados en función de la posición de cada región. "Ambos indicadores deberían tener en cuenta las diferencias en el gasto público en los principales servicios, que en algunos casos llegan al 30%", subrayó Pérez.

Esta diversidad se puede comprobar especialmente en el distinto peso que la sanidad o la educación pública tienen en cada comunidad. En Extremadura o Navarra, la cobertura de la sanidad pública llega al 95% del total del sistema, mientras que, en el lado contrario, en Madrid, Cataluña y Baleares no supera el 75%, en favor de la concertada.

Algo similar se puede comprobar comparando los datos correspondientes al gasto en educación en función de si se destina a centros públicos, concertados o privados. Castilla-La Mancha dedica el 82,5% del gasto a la escuela pública. Unos niveles que bajan de forma importante en las comunidades de Madrid y País Vasco, en los que los centros de titularidad pública apenas se llevan el 50% de los fondos, con una presencia masiva de colegios concertados.

El 33% se destina a protección y pensiones

El dinero procedente de las tres Administraciones se reparte en cuatro grandes partes. La más importante es la vinculada al pago de las pensiones y la protección social, entre las que se encuentran las prestaciones por desempleo, que absorben uno de cada tres euros. La segunda partida que más fondos consume del erario público es la sanidad, con un 14,7%, seguida por la educación, con un 11,2%. En cuarto lugar figuran las partidas ligadas al transporte y a las comunicaciones, con un 6%. Finalmente existe una partida sin definir, que supone el 34,2% del total del gasto y es en la única en la que hay margen para ajustar.