Los ajustes solo reducen en 188 millones el desequilibrio fiscal

La caída de los ingresos augura un déficit regional mayor del previsto

Las regiones recortaron un 2,81% el gasto hasta el tercer trimestre. Sin embargo, los ingresos cayeron en un porcentaje mayor, un 3%. Ello impidió una reducción significativa del déficit fiscal, que se mantuvo en el 1,19% del PIB, un nivel similar al registrado en el mismo periodo de 2010. La experiencia del año anterior, cuando el déficit autonómico se duplicó en el último trimestre, sugiere que las comunidades incumplirán su objetivo de estabilidad, fijado en el 1,3% del PIB.

La caída de los ingresos augura un déficit regional mayor del previsto
La caída de los ingresos augura un déficit regional mayor del previsto

Acuciada por los mercados, la vicepresidenta económica en funciones, Elena Salgado, aseguró ayer que las medidas de austeridad aplicadas por las comunidades empiezan a dar resultados. Así, durante la presentación de los datos de ejecución presupuestaria autonómica hasta el tercer trimestre, destacó que el gasto regional se ha reducido en un 2,81%.

Sin embargo, los ingresos tributarios han caído más, un 3%, lo que ha impedido que los ajustes de las comunidades redujeran en la misma proporción los números rojos. De hecho, el déficit fiscal ascendió al 1,19%, un nivel muy cercano al 1,3% que contempla el objetivo de estabilidad.

Además, hay que tener en cuenta que en la última parte del año se acumula la mayor parte del gasto público. Ello indica que, previsiblemente, las comunidades incumplirán nuevamente el límite de déficit fijado por el Gobierno. Hasta septiembre de 2010, el déficit fiscal de las comunidades sumaba 13.000 millones, una cifra que solo tres meses después alcanzó los 30.000 millones.

Salgado matizó que las partidas de gasto que suelen concentrarse a final de año están ligadas a la inversión pública, uno de los capítulos que más están recortando las comunidades. En cualquier caso, para cumplir el objetivo de estabilidad, las comunidades deberían reducir su desequilibrio del 2,8% registrado en 2010 al 1,3%. Ello supone un ajuste superior a los 15.000 millones de euros. Y, hasta el tercer trimestre, los números rojos solo se han reducido en 188 millones

El Estado cumplirá

Salgado no quiso pronunciarse acerca de si finalmente las comunidades cumplirán el objetivo de estabilidad, sin embargo, señaló rotunda que la Administración central sí que lo hará. A diferencia de las comunidades, los datos de ejecución del Estado sí que muestran una senda clara de reducción de los números rojos. No obstante, la deriva de las comunidades pone en riesgo que el conjunto del sector público logre su objetivo de cerrar el año con un déficit del 6% frente al 9,3% registrado en 2010.

De hecho, seis comunidades -Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Extremadura, Asturias- ya superaron en septiembre el 1,3% de déficit exigido por el Ministerio de Economía.

Otras regiones, como Andalucía, Castilla y León, Cantabria o Baleares se encuentran ya muy cerca de ese umbral. La Comunidad de Madrid, con un déficit del 0,47% de su PIB, y La Rioja son las únicas regiones del régimen común que, previsiblemente, cumplirán la senda de reducción del déficit. En el lado opuesto, destaca Castilla-La Mancha, cuyos números rojos equivalen al 4,84% del PIB, el nivel más alto. Los duros ajustes que está aplicando el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal han permitido atajar el déficit en algo más de medio punto. Murcia, por su parte, es la región que registró un mayor empeoramiento de sus finanzas. Su saldo fiscal negativo pasó del 1,82% contabilizado en el segundo trimestre al 3,03% del PIB.

Quien ya ha avanzado que no cumplirá el objetivo es Cataluña, la comunidad que más ajustes está aplicando. Y, sin embargo, su déficit fiscal se incrementó hasta septiembre y alcanzó el 1,34% del PIB. La Generalitat prevé que esta cifra suba hasta el 2,66% del PIB a finales de año. Salgado señaló que los responsables de Hacienda se pondrán en contacto con las regiones que están incumpliendo la senda de reducción del déficit.

A pesar de que la de ayer fue la última vez que Salgado presentaba los datos de ejecución de las comunidades -en diciembre ya habrá nuevo Gobierno-, no desaprovechó la ocasión para reiterar que los Ejecutivos autonómicos deben seguir con las medidas de contención del gasto para cumplir con las exigencias de la UE.

Salgado descarta medidas adicionales

El Gobierno saliente no tomará, de forma consensuada con el futuro Ejecutivo, medidas adicionales para cumplir el objetivo de estabilidad. Así lo aseguró ayer la vicepresidenta económica en funciones, Elena Salgado. "No parece razonable que a nivel de Administración central se adopten más medidas", señaló.

Salgado reconoció que mantiene conversaciones con el líder del PP, Mariano Rajoy, acerca de la necesidad de que las comunidades cumplan el límite de déficit. De hecho, el futuro presidente del Gobierno se reunirá con sus barones regionales el próximo jueves para reforzar el compromiso de su partido en la reducción del déficit. El enorme poder autonómico que acumula el PP -gobierna en todas las comunidades con la excepción de Cataluña, Canarias, País Vasco, Navarra y Asturias- facilita, al menos a priori, la adopción de medidas coordinadas entre el Estado y los Ejecutivos territoriales.

Una de las primeras decisiones que deberá adoptar el nuevo Gobierno es la actualización de la previsión de ingresos que servirá para que las comunidades ajusten sus presupuestos. De hecho, regiones como Castilla y León se han negado a aprobar las cuentas de 2012 al desconocer cuánto dinero recibirán por transferencias de la Administración central.

Algunas comunidades esperaban que se convocara un Consejo de Política Fiscal y Financiera antes del cambio de Gobierno para abordar estos temas. Posibilidad que Salgado descartó.

Las cifras

1,19% es el déficit que registraron las comunidades autónomas hasta septiembre.

92.197 millones de euros ingresaron los Gobiernos regionales hasta el tercer trimestre, un 3% menos.

2,81% es el porcentaje en el que las comunidades recortaron el gasto público hasta septiembre.