Impuestos y elecciones
La próxima cita electoral ha reabierto los muestrarios de las propuestas políticas. La malhadada coyuntura determina que en esta ocasión cobren especial importancia las de contenido económico y, entre ellas, también las de carácter tributario.
No obstante, al lacerante desequilibrio de las cuentas públicas que arrastramos desde hace cuatro años se añade que, como señalaba Borrell, "la política tributaria es política en estado puro". Por ello, las ofertas tributarias de los dos partidos de ámbito nacional reflejan la respectiva ideología que les caracteriza, pues si la del PSOE responde a un esquema típicamente socialista o socialdemócrata, la del PP se orienta en una clara concepción liberal.
Empezando por el PSOE, apuesta por subir los impuestos como forma de aumentar los recursos públicos para financiar actuaciones gubernamentales en la economía, confiando al sector público la tarea de la inversión y la creación de empleo.
Además de estatista, la apuesta es arriesgada, porque lo es esperar que la subida de la presión fiscal aumente los ingresos públicos. Nuestra reciente experiencia resulta ilustrativa. En los últimos 18 meses se han decretado múltiples medidas llamadas de consolidación fiscal: eliminación de la deducción de 400 euros; desaparición de la deducción por compra de la vivienda habitual; supresión del cheque-bebé; aumento de tipos en los impuestos especiales, en el IVA, en los rendimientos del capital
El proyectado aumento de los ingresos públicos para 2011 -un 6% según los Presupuestos- se ha quedado hasta ahora en un exiguo 0,5%, siendo probable que, a final del ejercicio, el escaso aumento haya incluso desaparecido.
La motivación de algunas de las subidas proyectadas también entronca estrechamente con la ideologización, antes aludida, de la política tributaria.
De una parte, la recuperación ¿renovada? del antiguo impuesto sobre el patrimonio -rebautizado- se justifica en el tradicional discurso ricos/pobres empleado históricamente por la izquierda. La cuantificación de la recaudación esperada, la definición del destino de la misma y los resultados -en empleo- que se obtendrían con ello constituye un ejemplo de solución arbitrista.
De otra, el anunciado nuevo impuesto contra las entidades financieras responde a la previa culpabilización a estas de la actual crisis. Unir culpa y tributo supone empujar al sistema impositivo hacia una peligrosa orientación punitiva.
Por último, se anuncia una nueva oficina antifraude para conectar las bases de datos de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social y de las Haciendas autonómicas. De entrada, la conexión ya existe, pero es resaltable el carácter estatista de la propuesta: nuevos organismos, mayor burocracia, más gasto público.
En el lado opuesto, el PP propone reducir la carga fiscal de las empresas para que estas asuman la reactivación y la creación de puestos de trabajo. Serán los aumentos de las bases tributarias -y no los de los tipos- los que hagan crecer la recaudación.
En esta dirección se descarta tanto subir el tipo de los impuestos existentes como la creación de otros nuevos. Vinculando las reducciones generalizadas de impuestos a la evolución de la coyuntura -como se hizo en 1998-1999 y en 2002-2003-, se anuncian medidas concretas que, de inmediato, aliviarán la situación de las empresas, posibilitando la recuperación de la actividad y del empleo. Entre ellas, la mejora sustancial del tratamiento fiscal dado a la autofinanciación de las empresas, a la reinversión de los beneficios extraordinarios, o a la amortización de los activos.
Resulta especialmente atractivo el compromiso de suprimir la actual obligación de ingresar en la Agencia Tributaria las cuotas de IVA repercutido que no han sido cobradas de los clientes, cuestión que con el actual nivel de morosidad está asfixiando a las pymes españolas. En efecto, muchos empresarios padecen la morosidad -con frecuencia de ayuntamientos, comunidades o ministerios- al tiempo que sufren la exigencia del IVA por la Hacienda pública. Extraño comportamiento de un Estado que no paga lo que debería pagar pero cobra lo que no debería cobrar.
En cualquier caso, contraviniendo a Bob Dylan, la respuesta no está en el viento, sino en las urnas el próximo 20 de noviembre.
Ignacio Ruiz-Jarabo. Ex director general de la Agencia Tributaria, socio director de Carrillo & Ruiz-Jarabo Asociados