La pugna entre Iberdrola y Gas Natural en Trillo impide un acuerdo por cada central

Industria rechaza el plan de las eléctricas sobre la titularidad de las nucleares

La batalla entre Iberdrola y Gas Natural por ver quién se queda con la titularidad de Trillo, tal como exige una ley aprobada en mayo, ha impedido un acuerdo en el resto de las nucleares. Las tres grandes eléctricas han enviado propuestas individuales, pero Industria les exige un plan común por cada instalación.

El pasado 28 de septiembre terminó el plazo que otorgaba la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, aprobada en mayo, para que las ocho instalaciones atómicas españolas presentaran sus planes de adecuación a una norma que transpone una directiva del Euratom. Esa ley exige que el titular de la licencia de explotación de cada central sea una persona física o jurídica, que tendrá toda la responsabilidad.

En mayor o menor medida, las grandes eléctricas comparten casi todas las centrales nucleares, que están constituidas, salvo Garoña, como comunidades de bienes, donde las decisiones se adoptan por unanimidad. Además, varias se gestionan juntas a través de agrupaciones de interés económico (AIE).

Según fuentes del sector, la pugna que mantienen Iberdrola y Gas Natural Fenosa por la titularidad de la central de Trillo (donde tienen un 48% y un 35% cada una) ha impedido cualquier posibilidad de acuerdo común por planta (excepto en Ascó I y Cofrentes, que tienen un único propietario: Endesa e Iberdrola, respectivamente). En su defecto, las tres eléctricas enviaron antes de la fecha fijada propuestas individuales, que Industria ha rechazado.

Gas Natural no quiere perder el control compartido en Trillo y ha pedido que haya tres operadores nucleares en España

A través de un burofax, el ministerio ha rechazado dichos escritos y ha dado a las empresas un plazo de 15 días para que se pongan de acuerdo y envíen sus planes consensuados.

En el caso de Ascó II y Vandellós, donde Endesa tiene mayoría (el 85% y el 72% en cada una), su socio, Iberdrola, acepta de antemano que sea aquella la titular, a cambio de serlo ella en los dos grupos de Almaraz (sale ganando, pues en estos tiene el 53%, frente al 36% de Endesa). Sin embargo, la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán también se ha negado a remitir un plan común para estas plantas menos conflictivas en tanto no lograra un acuerdo sobre Trillo, central que forma una AIE con Almaraz. Ahora, tras el requerimiento de Industria no le quedará más remedio que enviar una propuesta común con Endesa.

Más difícil va resultar el consenso en el caso de Trillo. Gas Natural está batallando par evitar el cambio de control de la central de Guadalajara, que gestiona por razones históricas. Esta formaba parte de la cartera de Unión Fenosa, que fue su promotora, y en ella trabajan desde hace décadas un buen número de ingenieros de la eléctrica.

Además de su experiencia nuclear (ha desmantelado Zorita), la compañía ha alegado, tanto en Industria como en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la necesidad de que España mantenga tres operadores nucleares. Por ello, ha propuesto que, aunque se constituya una sociedad anónima que sería la titular de la planta, por debajo se mantenga la comunidad de bienes que, además del control conjunto, permite a las propietarias anotarse el Ebitda según su participación (algo que no ocurre con una sociedad anónima, donde esto solo es posible hacerlo si se demuestra influencia en la gestión, que quedaría en manos de Iberdrola).

No obstante, fuentes próximas a Gas Natural, que no descarta ir a los tribunales, aseguran que su posición no responde a razones económicas, sino a su deseo de mantener el know how. Además, consideran que si lo que se busca es una mayor responsabilidad de las empresas ante el riesgo nuclear, con la sociedad anónima aquella se limita. Los dos socios principales de Trillo (también participa Hidrocantábrico, con un 15%, y Nuclenor, con el 2%) se acusan mutuamente de querer "pescar en río revuelto" aprovechando la ley.

Para Iberdrola, que se muestra irreductible, la situación es muy clara: "La nueva ley establece un modelo como el de Nuclenor" (sociedad anónima propietaria de Garoña, que comparte al 50% con Endesa) y esta "es una figura mercantil incompatible con la comunidad de bienes". En este sentido, la eléctrica hace valer su 49% y considera que "el mapa nuclear no cambiará. No habrá solo dos operadores como dice Gas Natural, pues ella seguirá siendo la propietaria del 35%", subrayan.

Una ley inoportuna que altera la convivencia

La ley sobre responsabilidad nuclear ha alterado la convivencia en el mundo atómico, uno de los pocos en los que las eléctrica mantienen relaciones cordiales. El actual mapa, donde casi todas las empresas comparten casi todas las plantas, es producto del intercambio de activos que, para evitar la debacle financiera, realizó el sector en los años ochenta.

Las comunidades de bienes de las centrales le han permitido compartir el control y tomar las decisiones por unanimidad, pese a las participaciones dispares de los socios. Ahora, para evitar la pérdida de control derivada de una sociedad anónima (en la que solo el que tienen influencia se anota el Ebitda), Gas Natural Fenosa (en el caso de Trillo) y Endesa (en las tres nucleares de Tarragona donde tiene mayoría) proponen al ministerio que se mantenga la comunidad de bienes debajo de la sociedad anónima que sería la titular de la licencia. Para Iberdrola, ambas figuras mercantiles son incompatibles con la norma.

Endesa ha planteado, además, que los dos grupos de Ascó y el de Vandellós (en estos momentos, agrupados en una AIE) tengan un solo titular. También Iberdrola ha propuesto lo propio para la AIE que forman Trillo y las dos centrales de Almaraz, pero no parece dispuesta a pelear demasiado por ello. Sí por el control de Trillo (cuyo cambio debería ser analizado por la Comisión de la Competencia). Lo que parece poco probable es un intercambio o venta de unos activos, difíciles de valorar ante la incertidumbre sobre el futuro de esta tecnología.

Una duda que se plantea es si la ley, ante el más que probable desacuerdo, permitiría a Industria imponer su solución. Todo apunta a que no. También si este Gobierno tendrá tiempo para dictar una resolución, pues necesita un dictamen previo del CSN. En todo caso, el incumplimiento de esta ley es una infracción muy grave.

Razones fiscales

Una característica de las comunidades de bienes es que no tributan en el territorio donde está la central, sino que lo hace cada comunero (eléctricas) donde tiene su sede. Ya que la nueva ley podría acabar con esta situación, esta fue apoyada por algunas autonomías