Aguirre y Gallardón ultiman el reparto de competencias
La comunidad gestionará el 100% de Metro y cederá servicios a cambio
La Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de la capital han alcanzado el primer acuerdo entre dos Administraciones para hacer un reparto equitativo de las competencias que deben asumir cada uno, evitando de ese modo las duplicidades.
Aunque todavía no está firmado, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón ya han consensuado que Metro sea gestionado íntegramente por el Gobierno regional, mientras que el consistorio logra un ahorro nada despreciable en tiempos de crisis, como son 140 millones de euros anuales aproximadamente.
Eso sí, el Ejecutivo municipal deberá continuar realizando sus aportaciones a la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que suman en torno a 80 millones de euros cada ejercicio, según confirmaron fuentes del consistorio.
Aguirre anunció ayer este acuerdo en la conferencia de prensa posterior al comité de dirección del partido, en la que explicó que será la Comunidad de Madrid la que se encargue de la gestión de Metro de Madrid porque es "la que paga la mayor parte de los gastos".
Aguirre insistió en que no era lógico "que la gestión de Metro sea cosa de un presidente no ejecutivo", como ocurre actualmente con el presidente de la entidad y delegado de Hacienda del consistorio, Juan Bravo. "Creemos que es mucho más claro, con el objeto de mejorar el servicio público que se presta a los madrileños, que haya una línea de mando clara", dijo Aguirre, quien añadió que esta línea de mando "deber ser la de la institución que paga la mayor parte de los gastos".
Ahora, el ayuntamiento posee el 75% de las acciones del Metro (el resto son de la comunidad), aunque el usufructo y los derechos políticos están cedidos en ambos casos al Consorcio, donde cada Administración tiene cinco representantes en el consejo de administración, otros dos pertenecen al Gobierno central, dos más a los sindicatos y uno a los consumidores.
Sanidad y educación
Pero, sin duda, lo más trascendente de este acuerdo al margen de las cifras económicas es que el metro es el primer servicio sobre el que ambas Administraciones han discutido para comprobar quién debe y puede gestionarlo mejor, pero después vendrán más. Fuentes municipales explicaron ayer que en sucesivas reuniones se abordará qué hacer con servicios como el sanitario (sobre todo el referido a emergencias) o el educativo.
En este sentido, la presidenta regional confirmó haber llegado a un principio de acuerdo con Gallardón para evitar duplicidades entre los dos servicios de emergencias, aunque descartó que se esté barajando una fusión de ambos. Todo apunta a que el Samur atenderá los casos que se produzcan en la ciudad de Madrid y el Summa en el resto de la región. Aguirre también aclaró que las escuelas infantiles, los centros de mayores y los centros de día deben atribuirse a una sola Administración y no contar con una gestión compartida como hasta ahora. "Qué hace el ayuntamiento con un gran gasto en salud, con los centros heredados de los antiguos sanatorios", se preguntó.
Así, por los contactos mantenidos hasta el momento, el ayuntamiento será con toda probabilidad la Administración que gestione en exclusiva la educación infantil de cero a tres años, por lo que pasarían a ser de titularidad local todas las escuelas infantiles públicas de primer ciclo de la capital. A cambio, el Ejecutivo regional pasaría a ser competente en materia de centros de día, confirmaron fuentes oficiales del consistorio.
Las negociaciones se intensificarán en los próximos días, ya que los primeros acuerdos de cambios en la gestión de estos servicios públicos deberán estar incluidos ya en los presupuestos de 2012, mientras que se espera dejar para una segunda fase qué hacer con las competencias en materia de vivienda o trabajo, entre otros.
El Ayuntamiento de Madrid viene denunciando desde hace años la existencia de lo que denomina gastos no obligatorios, aquellos que debe realizar para cubrir el coste de la prestación de servicios que en puridad no corresponde a los municipios, son las conocidas como competencias impropias. Así, de un presupuesto total de 4.542,5 millones, los gastos corrientes en bienes y servicios absorben 2.042,5 y esos gastos no obligatorios suman 891,6 millones. Solo la partida de seguridad y movilidad, con 445,7 millones representa la mitad de esos gastos no obligatorios. Servicios sociales, con casi otros 200 millones (197,1), es la segunda partida más importante.
El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, se mostró favorable al pacto, pero exigió que el Gobierno regional trate con igualdad al resto de ayuntamientos.
Las cifras
891,6 millones de euros es lo que calcula el Ayuntamiento de Madrid que destina cada año a gastos no obligatorios.140 millones prevé ahorrar con la cesión de la gestión del metro.80 millones aporta a la EMT.
