Posible delito penal

Anticorrupción investiga a la ex directora general de CAM

Amorós pactó con el expresidente de la entidad alicantina una pensión anual vitalicia de cerca de 370.000 euros

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir una investigación sobre la gestión realizada por la ex directora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, ante la posibilidad de que hubiera incurrido en un delito penal.

Según adelantó ayer la Cadena SER, la investigación se abrió la semana pasada tras conocerse algunos detalles sobre las remuneraciones que percibía la máxima ejecutiva de la caja alicantina, que fue intervenida por el Banco de España el pasado 22 de julio.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a los actuales interventores del Banco de España información sobre las causas que motivaron el cese y despido de Amorós, por si fueran constitutivas de delito penal.

Amorós fue sometida a un despido disciplinario el pasado 28 de septiembre tras conocerse algunos detalles de su gestión al frente de la caja, por la que obtenía una retribución anual de 593.040 euros anuales.

Los administradores consideran que es cuanto menos "reprobable" la gestión de Amorós, a la que acusan de buscar el beneficio propio, falsear las cuentas y realizar una gestión deficiente mientras ocupó el cargo de directora general.

Le acusan, además, de pactar con el expresidente de la caja de ahorros, Modesto Crespo, una pensión vitalicia de 369.497 euros por año, con una revalorización del 2% anual desde su jubilación.

Para calcular esa cuantía se usó como base su sueldo de directora general, antes de que este cargo fuera ratificado por la Asamblea de la caja, y no la retribución fija de los tres años anteriores como había acordado el consejo de administración de la entidad.

En declaraciones a Efe, Amorós negó la pasada semana haber cometido irregularidad alguna, y "mucho menos de forma ilegal", durante sus años en la caja alicantina, al tiempo que destacó que su actuación fue siempre "leal, recta, transparente y ajustada a derecho".

Otros exdirectivos de la entidad alicantina, entre ellos el antecesor y mentor de Amorós, Roberto López Abad y otros cuatro altos ejecutivos (Agustín Llorca, Joaquín Meseguer, Vicente Soriano y Gabriel Sagristá) percibieron por su retiro prejubilaciones por un importe de 12,8 millones de euros en total, según fuentes sindicales y a falta de las cifras oficiales.

Estos cinco exdirectivos se apuntaron al ERE puesto en marcha por la caja de ahorros en 2010.