Repsol dará la batalla legal para expulsar a Pemex de su consejo
Pemex podría estar afectada por un conflicto de interés al ser competidora de Repsol. Según fuentes solventes, esta es la línea central de la batalla legal que Repsol se dispone a abrir contra el grupo mexicano, que se podría ver obligado, a petición de algún accionista en la junta, a abandonar el consejo. Esto dejaría en el aire el pacto parasocial sellado con Sacyr.
Aunque la atención está centrada en el consejo convocado por Repsol para el día 28, en el que se espera que La Caixa, con un 12,8% del capital, desvele su posición respecto al pacto accionarial anunciado por Sacyr y Pemex a finales de agosto, el equipo jurídico de la petrolera española trabaja a fondo para dar la batalla legal contra un acuerdo que otorga a los socios sindicados un 29,8%.
Según fuentes solventes, la línea central de la defensa será declarar que Pemex tendría un conflicto de interés en Repsol por ser un competidor directo, especialmente, en el área de upstream (exploración), por lo que la compañía mexicana podría verse obligada a salir del consejo. El mecanismo sería similar al utilizado en casos anteriores, como el de Acciona en FCC o ACS en Iberdrola: en una junta de Repsol, un accionista podría pedir el cese del consejero de Pemex. En la petrolera española han declinado hacer comentario alguno al respecto.
Esta petición resultaría muy chocante a la vista de que la mexicana está en el consejo de Repsol desde 1990 con un consejero dominical. Sin embargo, al solicitar dicho cese, no el consejo que apoyó al citado consejero, sino un accionista individual, este puede alegar que él acaba de entrar en el capital y desconoce el pasado; que el pacto otorga ahora una capacidad de gestión al grupo mexicano que antes no tenía o que la estructura del mercado también ha variado, pues Pemex y Repsol compiten ahora en exploración en aguas profundas en Brasil, por ejemplo.
Con todo, según otras fuentes jurídicas, solo cuando se ejercita la representación proporcional a que da derecho la Ley de Sociedades Anónimas (un consejero por cada paquete del 6,25%, en el caso de Repsol), se puede exigir "una justa causa para el cese" que pueda decidir la junta. Pemex, que suma ya un 9,8%, podría ejercitar la representación proporcional, pero, de momento, no está representada en Repsol por haber apelado a ese derecho, sino por decisión de su consejo. En definitiva, y hasta que lo decida un juez, justificar la expulsión no sería una cuestión jurídica sino de imagen. Pero, por encima estaría "el principio de revocabilidad de administradores".
Sobre la duda de si para el cese es necesario que los estatutos de Repsol fijen una causa de incompatibilidad para competidores como Pemex, el consenso es que no. En este caso, la compañía aplica los artículos 229-230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Otras vías legales
Otras armas para la batalla que, aunque no oficialmente, se considera ya declarada, es la posible legalidad del pacto entre Pemex y el primer accionista, Sacyr. Por ejemplo, la cláusula que fija que, de superarse por alguna razón el 30% (que obligaría a una opa) quedaría en suspenso la sindicación. Otra cuestión es si para la concertación se han de contabilizar las participaciones de los consejeros del grupo de sociedades de las aliadas.
Estos quieren evitar por todos los medios que de su pacto se trasluzca un intento de control de Repsol, para que el regulador no les obligue a lanzar una opa por el 100%. De ahí la polémica suscitada por el documento interno de Pemex Contexto del aumento de la inversión en Repsol, que han publicado diversos medios y atribuye a la mexicana un intento de gestionar Repsol de una forma barata (con una participación minoritaria) o aprovecharse de su tecnología para explorar aguas profundas. Pemex, que ya envió, a petición de la CNMV, un hecho relevante similar el viernes, rechazó de nuevo ayer este supuesto y subrayó que acuerdos de exploración y prospección en aguas profundas con el grupo Repsol ya existen desde los años 70.
Socio fundador
Pemex es socio fundador de Repsol, a la que llegó en 1990, "antes que el propio Antonio Brufau", y no un accionista pasivo ni financiero, sino industrial. Estos argumentos, con su trasfondo legal, son los que podría utilizar el grupo mexicano, que se está viendo atosigado tras su pacto con Sacyr.