EDITORIAL

Un Estado eficiente y sostenible

España cuenta ya con una cifra global de más de 4.000 entidades públicas. Se trata de un triste récord, propio de un modelo de Estado expansivo y, por lo tanto, costoso, pero cuyo montante resulta tanto más grave si se tiene en cuenta la coyuntura económica durante la cual se ha gestado. Al contrario de lo que dictan no solo los más elementales criterios económicos, sino también la simple prudencia y el sentido común, las Administraciones públicas españolas han continuado creando a un ritmo desorbitado fundaciones, empresas y consorcios públicos en plena crisis económica.

Los datos, facilitados por el Ministerio de Economía, revelan que durante 2009 se contabilizaron en España un total de 4.023 entes públicos, lo que supone casi un 6% más que antes de desencadenarse la crisis. A ello hay que añadir el balance provisional de lo ocurrido en los años 2010 y 2011, que apunta también a una nueva subida: solo en las comunidades autónomas el porcentaje de organismos públicos creció un 2,4% durante esos dos últimos años.

La deuda generada por las empresas públicas alcanzó durante el segundo trimestre de 2011 los 57.000 millones de euros, lo que revela que en solo tres años y medio su montante se ha disparado más de un 70%. Como fruto de ese desmesurado crecimiento de la función pública, se ha ido tejiendo un infinanciable entramado de entidades, direcciones generales, consejerías y altos cargos que pesa como una losa sobre las arcas estatales, locales y autonómicas.

La especial gravedad de la situación de estas últimas, consecuencia de años de persistente indisciplina fiscal, ha convertido esta partida presupuestaria en el principal objetivo de los recortes anunciados por los distintos Gobiernos autonómicos tras las elecciones del pasado mes de mayo. Unos recortes que resultan clave no solo para las finanzas de los territorios regionales, sino para el conjunto de las cuentas públicas del Estado, obligadas a cumplir con los requerimientos marcados por Bruselas y a responder a la dura presión ejercida por los mercados financieros.

Tras esos planes de ajuste de cinturón puestos en marcha por los Gobiernos autonómicos -es el caso de Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia, Extremadura o Aragón, entre otras- la mirada se dirige ahora a las hojas de ruta que las distintas fuerzas políticas han diseñado de cara a la contienda electoral del próximo 20-N. El desorbitado crecimiento que han alcanzado las Administraciones públicas en estos últimos años y la necesidad, ya no de ponerle coto, sino de reducirlo drásticamente y con firmeza es un objetivo que no puede faltar entre la lista de prioridades de quien aspire a gobernar España durante los próximos cuatro años.