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Columna
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Loterías del Estado tienta la suerte

España parece empujar su suerte en la privatización parcial de su gigante de lotería. Loterías y Apuestas del Estado supone una llegada bienvenida en el mercado español de nuevas emisiones después de las ofertas recientes de sus cajas de ahorros. Sin embargo, incluso con mucho en su favor, el acuerdo necesitará mucha suerte para alcanzar el premio gordo de 7.500 millones de euros al que aspira la compañía.

Loterías es un juego defensivo y tiene una posición protegida como jugador dominante en el mercado reservado de juegos de lotería en España. Unas tres cuartas partes de la población juegan al Gordo de Navidad. Las ganancias de Loterías han demostrado su resistencia, y la compañía no está endeudada. El año pasado, la empresa registró 2.900 millones de beneficios, solo un 3% por debajo de 2009.

Eso debería facilitar el lanzamiento de Loterías a un precio justo. Los otros jugadores que cotizan en Bolsa -la griega OPAP y la italiana Lottomatica- son más pequeños y tienen modelos de negocio ligeramente diferentes. Por sus flujos de caja estables, quizás sea más comparable Red Eléctrica. La empresa cotiza en alrededor de 9,5 veces los beneficios de 2011 tras la caída del 27% del Ibex 35 desde comienzos de julio.

Suponiendo que los ingresos de Loterías este año registraran los niveles de 2010 y el pago por el impuesto de sociedades al 30%, aplicando este múltiplo a Loterías sale una valoración de 19.200 millones. Con el múltiplo de Ebitda de 2011 de ocho veces de la media de Red Eléctrica y Enagás, Loterías podría valer por encima de 23.000 millones.

La empresa aspira llegar a 7.500 millones por la venta del 30% de las acciones, lo que implica una valoración de 25.000 millones. Eso requiere un fuerte repunte en los mercados en las próximas semanas o tener fe en más crecimiento. Los inversores minoristas serán fáciles de convencer. Pero los inversores institucionales están en modo de venta a raíz de la crisis de la eurozona. Lo que puede impedir que le toque la lotería al Gobierno.

Por Fiona Maharg-Bravo

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