Patrimonio de conveniencia

En materia de imposición, nuestro sistema fiscal debe regirse por el artículo 31.1, en el que se dicta que todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo, basado en la capacidad económica, progresivo, y no confiscatorio. ¿Se cumple? No, ni tampoco parece importar demasiado a la vista de la falta de equidad de nuestra fiscalidad. Ahora, con la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, que no se debió arrinconar en el trastero del fisco en el año 2008, cuando ya viviendo en tiempos de cólera, la destrucción de nuestras haciendas era una realidad y se presagiaba que conduciría lo público hacia la inanición financiera, se resucitan los fantasmas. Es verdad que el impuesto, en su anterior diseño, se pergeñaba de tal modo que los ricos escapaban de su tímida presión y que al final era la sufrida clase media la que lo soportaba, porque muchos de los bienes en los que se materializan las grandes fortunas estaban exentos para evitar que el capital huyese a los paraísos fiscales o a cualquier otro nicho económico.

Pero el impuesto se va a corregir y reconducir para que, lejos de ser llamado el impuesto de los tontos, juegue el papel recaudador y el que sirvió de causa a su implantación en 1977: ser complemento del IRPF para lograr la equidad en la imposición sobre las rentas del capital y también como tributo de control de los patrimonios y auxilio en la mejor gestión del IRPF.

Sabemos que el Gobierno sacará el viernes al impuesto del baúl de los recuerdos, corrigiendo bastantes de sus defectos. Se pretende que las grandes fortunas contribuyan a mejorar la situación de nuestro país aumentando algo los maltrechos ingresos fiscales, haciendo que mejore la casi perdida progresividad fiscal y que el coste de la crisis que están soportando muy especialmente las clases más pobres se reparta algo mejor con la solidaridad de los ricos. Es posible que el renacer del impuesto responda al toque de trompeta que han dado los ricos de otros países: los americanos -el filántropo Warren Buffett, al frente-, 16 franceses, con Bettencourt, dueña de L'Oréal en cabeza, y los 50 millonarios alemanes, que en aras de un altruismo, quizás interesado, aunque siempre plausible, han exigido más impuestos a sus Gobiernos para evitar la bancarrota mundial que nos amenaza.

En España, cuna del movimiento de los indignados, no ha surtido efecto el ejemplo. Es más, no solo no se han pronunciado los dueños de los grandes capitales reclamando mayor protagonismo, sino que los políticos de la oposición lloran porque mediante el beso del candidato Rubalcaba al Gobierno, este ha resucitado al feo durmiente -el impuesto sobre el patrimonio- y eso que con el renacer mejorará su prestancia. Muy al contrario, alegan razones no convincentes. Las comunidades autónomas que deberían aplaudir la medida, cargadas de excusas de mal pagador, amenazan con no exigirlo -como que están recibiendo una compensación de 2.100 millones de euros del Estado por su parálisis desde 2008- en contra de la corresponsabilidad fiscal. Menos mal que el Gobierno dejará de compensar a las que renuncien a cobrarlo. Los millonarios que temen, pese a su levedad, que les alcancen sus efectos, renuncian de su condición y se declaran poco agraciados por la diosa fortuna. Ni siquiera la ciudadanía no afectada por el tributo alza su voz para celebrar la decisión que va a recaer sobre uno de los índices de capacidad económica: la riqueza, obedeciendo al dictado de la Constitución.

Bajar los impuestos es de izquierdas, dijo Zapatero en su día. Aznar, primero, y después Rajoy, siempre se han pronunciado a favor de bajarlos sin distinción, apuntando la rebaja fiscal como la estrella polar de sus programas. Es absurdo decir que bajar impuestos es de izquierdas o de derechas, sencillamente, porque los impuestos deben ser flexibles y acomodarse a la coyuntura económica y social. Bajar impuestos, en nuestro país, con presión fiscal muy moderada, es improcedente. En España nunca debimos hacerlo en tiempos de auge: ello ha supuesto reducir las reservas con las que poder sobrellevar mejor los tiempos de crisis. Otra cosa es bajar ciertos impuestos, que en periodos como los actuales pueden servir para incentivar la inversión o el empleo, a cambio de contrarrestarla con la subida o recuperación de otros impuestos, como el de patrimonio, que están durmiendo la siesta del borrego cuando más los necesitamos.

No deben doler prendas por su resurrección. Quienes lo pagarán gozan del privilegio de contar con rentas de capital y estas disfrutan de un trato fiscal muy generoso, que ni en el peor de los casos llega a ser la mitad del tipo máximo que sufren las del trabajo. Otra cosa es que nuestros millonarios sientan felicidad. Ellos están alegres, como tales, cuando salen en la prensa rosa, pero cuando es Hacienda la que llama a sus puertas, no les huele nada bien. Todavía menos, pese al escaso esfuerzo fiscal, si la foto patrimonial, del impuesto que llaman de quita y pon, piensan que no les favorece. Y es que ni con el Photoshop salen favorecidos en su contribución a la fiscalidad. De ahí que pidan árnica.

Francisco Poveda Blanco. Director del máster de Tributación de la Universidad de Alicante