Una tarea que requiere la ayuda de todos

En un tan poco habitual como aplaudible ejercicio de armonía institucional y de unanimidad política, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han respaldado la reforma constitucional para incluir en el texto de la Carta Magna un límite máximo de déficit de las cuentas públicas de todas las Administraciones. La propuesta, anunciada ayer por el presidente del Gobierno y consensuada previamente con el líder del PP y también con el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, se traducirá en "una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda, que vinculará a todas las Administraciones públicas". Con ello Zapatero sigue el camino marcado por la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quienes en su última cumbre bilateral solicitaron a los países de la eurozona la adopción de esa "norma de oro" que trate de poner coto a la desbocada sangría que supone el déficit público para la economía de los países europeos.

Pese a que ha habido que esperar a la férrea mano del eje franco-alemán para que España haya decidido poner el cascabel al gato, hay que felicitarse de la agilidad y prontitud de la respuesta española a la propuesta, o casi imposición, de la minicumbre parisina de la pasada semana entre Merkel y Sarkozy. Aunque, como recordaba el presidente del Gobierno, la norma de oro no empezará a aplicarse de inmediato, ni mucho menos, el objetivo del Gobierno es llevar a cabo la reforma constitucional antes del fin de esta legislatura, a la que le queda menos de un trimestre, y hacerlo por vía de urgencia y en lectura única. Un calendario que, aunque apurado, puede ser culminado a tiempo, tal y como ha confirmado el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono. El apoyo de Rajoy, que no ha dejado pasar la oportunidad de recordar que fue su partido el que propuso por primera vez esta reforma hace un año, ha ido seguido de una petición al presidente del Gobierno para que se comprometa a consensuar con la oposición todas aquellas reformas que puedan tener efecto más allá de esta legislatura y comprometer así a futuros Ejecutivos.

Tras realizar una defensa de las medidas adoptadas hasta el momento por su Gobierno, y como no podía ser de otra forma, Zapatero ha reconocido el riesgo evidente de que España vea perjudicada su ya de por sí precaria situación económica como consecuencia del efecto contagio, fruto de la nueva desaceleración que atenaza las economías europeas. El presidente es definitivamente consciente de que el ritmo de crecimiento de la economía española resulta demasiado débil para crear empleo neto, y de que mientras esto no ocurra no se generará crecimiento. Un círculo vicioso que confía deshacer con las medidas anunciadas para el Consejo de Ministros del próximo viernes, entre las que se encuentran la modificación de las condiciones del contrato de formación, una ampliación de las bonificaciones a la conversión de contratos temporales en indefinidos de fomento del empleo estable, una reforma del Fogasa, la prórroga durante seis meses más de la ayuda de 400 euros a los parados y el aplazamiento del compromiso de crear un fondo individualizado para capitalizar la prestación por desempleo. Pero también, y sobre todo, tiene sobre la mesa quitar el límite para que las empresas puedan encadenar contratos temporales.

En una jornada en la que se publicó la carta en la que 16 millonarios y empresas francesas reclaman pagar más impuestos para ayudar a cuadrar las cuentas del país, Zapatero hizo un llamamiento a sindicatos y empresarios españoles para que se moderen no solo los salarios, sino también "sus beneficios". La petición del presidente del Gobierno no está de más en un momento en que los interlocutores económicos de los distintos países están dando pasos al frente para colaborar en la difícil tarea de salir de esta crisis. El debate abierto por el multimillonario estadounidense Warren Buffett para que se suban los impuestos a las grandes fortunas o del ofrecimiento de las empresas italianas para comprar deuda pública de su país es de largo alcance. Pero, por muy bienvenidos que sean los gestos ejemplarizantes, lo que el Gobierno no debe olvidar es que su principal tarea es apostar por reformas eficaces hasta agotar lo que queda de legislatura.