Crisis política en la Comunidad Valenciana

Camps dimite por el 'caso de los trajes' y elimina un obstáculo electoral para el PP

El ya expresidente de la Comunidad Valenciana niega haber recibido presiones de Génova para abandonar su cargo

Camps dimite por el 'caso de los trajes' y elimina un obstáculo electoral para el PP
Camps dimite por el 'caso de los trajes' y elimina un obstáculo electoral para el PP

En un tono casi bíblico, Francisco Camps anunció ayer su dimisión. "Voluntariamente ofrezco mi sacrificio para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno", declaró el hasta ayer presidente de la Generalitat Valenciana. Camps, que está procesado por un delito de cohecho impropio, aseguró que dimite para evitar que el PSOE utilice su caso para atacar y desacreditar a Mariano Rajoy, que repetirá por tercera vez como candidato popular a las elecciones generales. "No quiero ser un obstáculo", señaló.

Camps, que estuvo arropado durante su declaración por todo su Gobierno, aseguró que tomó su decisión sin presiones del partido, una versión ratificada por el propio Rajoy, que ayer por primera vez y a través de un comunicado opinó sobre el tema. Sin embargo, Federico Trillo, que en este caso ha actuado en representación de Génova mantuvo en los últimos días diversas conversaciones con el expresidente valenciano para consensuar la mejor salida a una situación muy incómoda para Rajoy. De hecho, Trillo estuvo presente en la comparecencia de Camps ante los medidos.

Al final, Camps ha sido la víctima política de mayor renombre del caso Gürtel, el entramado de empresas que presuntamente obtenían tratos de favor por parte de cargos electos del PP. El principio del fin se inició el pasado viernes, cuando el instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, José Flors, dictó un auto por el que obligaba a Camps a sentarse en el banquillo por aceptar, presuntamente, trajes de la trama Gürtel. El juicio está previsto que se celebre en otoño, en un clima preelectoral o directamente en plena campaña si finalmente se adelantan las elecciones.

Por este motivo, Camps se planteó declararse culpable, lo que le permitiría sortear el juicio y pagar un multa, ya que el delito de cohecho impropio no conlleva penas de cárcel. De hecho, ayer por la mañana, el exvicepresidente valenciano Víctor Campos y el que fuera jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, ambos acusados del mismo delito que Camps, firmaron en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia la conformidad. Es decir, optaron por pagar una multa para evitar sentarse ante un tribunal, lo que supone reconocer su culpabilidad.

Fuentes del PP, citadas por Efe, apuntan que Camps estaba convencido horas antes de presentar su dimisión de seguir el mismo camino que sus colegas y aceptar la multa económica. Sin embargo, las mismas fuentes indican que Mariano Rajoy, en una conversación con Camps, le indicó que sus opciones eran o bien "aguantar durante cuatro años la deshonra de ser un presidente" con una condena o bien renunciar al cargo.

Todo apunta que Génova ha tenido mucho que ver en la decisión final del expresidente de la Generalitat, que fue reelegido por mayoría absoluta en las elecciones del pasado 22 de mayo. De hecho, el caso Gürtel y la presunta implicación de Camps han sido en las últimas semanas utilizadas de forma regular para desacreditar a Mariano Rajoy, a quien las elecciones dan como vencedor de las próximas elecciones. En este sentido, para el líder del PP la dimisión de Camps supone quitarse un peso de encima.

Rajoy, en su comunicado, advierte que la renuncia de Camps "no empaña la honorabilidad" del expresidente autonómico. El líder del PP reconoce que la dimisión supone un "ejercicio de generosidad" y añade que "contribuye a mejorar la imagen y el prestigio de las instituciones en la Comunidad de Valencia y en toda España.

Camps, durante su comparecencia se presentó como una víctima. "No han podido demostrar nada, porque no hay nada, y no podrán demostrar nada, porque no hay nada", dijo, vehemente, el hombre que ha gobernado en la Comunidad Valenciana los últimos ocho años.

Camps también defendió la inocencia de sus compañeros de partido y de acusación, Ricardo Costa, Campos y Betoret. Costa, ex número dos del PP en la Comunidad Valencia, ha rechazado de momento pagar una multa para evitar el juicio. Para Camps, el caso de los trajes supone un "proceso absurdo que nadie entiende y que es falso". Y lanzó un dardo al PSOE valenciano: "Conmigo otras personas también están acusadas de infamias, y mentiras por el solo hecho de no poder ganarnos en las urnas nunca".

El PP valenciano, a propuesta de Camps, eligió como candidato a la Presidencia a Alberto Fabra, alcalde de Castellón. Alberto Fabra, que no es familiar del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, recibirá con toda seguridad el apoyo del Parlamento valenciano, donde el PP tiene mayoría absoluta. La votación debe realizarse antes de 19 días.

Dos años y cinco meses de investigación judicial

- 6 de febrero de 2009. Dos funcionarios de Justicia se personan en la Consejería de Turismo para reclamar el expediente del expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur, adjudicado a Orange Market, cuyo responsable en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes, fue detenido tres días después por su presunta implicación en la trama Gürtel. El 19 de febrero varios periódicos publican que la Fiscalía Anticorrupción implicaba al presidente Camps en la trama de corrupción, debido a una frase de una imputada que aludía al pago de 30.000 euros en trajes para él, algo que Camps desmintió en una comparecencia de urgencia junto a todo su Gobierno. El 5 de marzo, Baltasar Garzón envió la rama valenciana del caso Gürtel al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) ante la existencia de indicios contra Camps y contra el entonces secretario del PPCV, Ricardo Costa; el exvicepresidente del Consell Víctor Campos; y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.

El 21 de abril el TSJCV se declara competente para asumir las investigaciones en los hechos que afectaban a Camps, a quien Garzón acusa de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por Orange Market a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad.

-El Agosto de 2009. Uno de los hitos de ese año 2009 fue la declaración como imputado, el 20 de mayo, de Camps ante el TSJCV, que en agosto ordenó el sobreseimiento libre de la causa abierta contra los cuatro imputados por un supuesto delito de cohecho, un archivo que la Fiscalía y el PSPV-PSOE recurrieron ante el Supremo en septiembre.

En octubre, el levantamiento parcial del secreto de sumario reveló detalles de los estrechos vínculos que los principales miembros de la trama corrupta mantenían con dirigentes del PP y arrojó sospechas sobre la financiación del partido. Un mes después, los socialistas presentaron una querella contra la dirección del PP valenciano y cuatro constructoras por varios delitos, que el TSJCV rechazó asumir en febrero de 2010 para evitar duplicidades, pese a ver indicios de delito.

En abril de 2010, el Tribunal Supremo admitió los recursos contra el archivo del caso en Valencia, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptó la personación del PSPV-PSOE como acusación popular. El 12 de mayo el Supremo ordenó al TSJCV reabrir la parte valenciana del caso, al interpretar que para que haya cohecho pasivo impropio basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración del cargo.

- Enero de 2011. El magistrado del TSCJV José Flors dictó una providencia para que las partes personadas en la investigación presenten conclusiones, paso previo para abrir juicio oral o archivar la causa. La Fiscalía Anticorrupción pidió 41.250 euros de multa a Camps por cohecho, mientras la acusación particular (PSPV) elevó la petición a tres años de cárcel y ocho de inhabilitación, además de multa de 46.000 euros.

l Abril de 2011. Anticorrupción consideró que el TSJCV era competente para investigar una supuesta trama de financiación irregular del PPCV relacionada con la red Gürtel, que se debería unir a la causa por cohecho impropio que afecta a miembros del Gobierno autonómico. En mayo, el TSJCV asumió investigar un posible delito electoral del PPCV en los comicios de 2007 y de falsedad documental en las generales de 2008, y si la Generalitat prevaricó y cometió cohecho en contratos con Orange Market.

- Julio de 2011. El 5 de julio el TSJCV rechazó acumular las causas de los trajes y la financiación del PPCV, y el 12 de julio se celebró la vista previa para resolver si procedía la apertura de juicio oral. El día 15 Flors decidió abrir juicio por un delito continuado de cohecho pasivo impropio, al apreciar indicios de que la red pagó unas prendas de Camps.