El desastre de Fukushima determina el juicio por la clausura de Garoña
El resultado de la vista oral del juicio por el cierre de Garoña que se celebró a principios de mes hace augurar que quienes han solicitado que la central nuclear siga funcionando podrían perder el caso. Distintas fuentes atribuyen esta posibilidad a los efectos negativos de la catástrofe nuclear de Japón, hasta el punto de que la Audiencia tampoco parece predispuesta a aceptar una indemnización por el cierre.
El juicio por el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, decretado hace dos años por el Gobierno, está visto para sentencia. En la vista oral celebrada en la Audiencia Nacional el pasado 3 de junio, el magistrado encargado del caso estimó que el plazo aproximado para la publicación del fallo sería de aproximadamente un mes. Teniendo en cuenta el desarrollo del juicio, las esperanzas de quienes exigen que se prorrogue el funcionamiento de la planta burgalesa se han diluido. Todo indica, según diversas fuentes, que la sombra del desastre del complejo nuclear de Fukushima va a condicionar claramente la decisión de la Audiencia Nacional.
De hecho, este tribunal se ha interesado por cuestiones de seguridad, que, según las mismas fuentes, no se hubiese planteado hace meses. Por ejemplo, si la central de Garoña resistiría un terremoto. En el juicio, las dueñas de la central de Garoña, Endesa e Iberdrola, a través de la sociedad Nuclenor que comparten al 50%, reclaman, en caso de no ser aceptada la anulación de la orden de cierre, una indemnización de 951,4 millones de euros por el lucro cesante derivado del cierre.
En el proceso judicial se han personado dos grupos diferentes de demandantes: aquellos que piden la prórroga de la autorización para que la central siga funcionando hasta 2019 (además de las empresas propietarias; el comité de empresa de Garoña; los sindicatos USO y UGT; la asociación de municipios afectados por el cierre y la Junta de Castilla y León) y quienes consideran que debe clausurarse de inmediato, pues la central ya ha cumplido los 40 años de vida para los que fue diseñada, y sin esperar a la fecha de 2013 acordada por el Gobierno. En este último colectivo se encuentran Greenpeace, Ecologistas en Acción y la CGT.
Compensación en el aire
Aunque los defensores de la prórroga siempre han reconocido las dificultades para obtenerla, al menos, hasta ahora, sí habían confiado en obtener una indemnización. El propio Gobierno castellanoleonés y los sindicatos alineados con las eléctricas han pedido en el juicio que estas reciban la compensación que han solicitado. En 2009, la central Garoña recibió con la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para seguir funcionando por otros 10 años, pese a que cumplía sus 40 años de vida de diseño este mismo año. El Gobierno de Rodríguez Zapatero optó por el cierre de la instalación, pero a los 42 años, lo que provocó el descontento de partidarios y detractores.
Los primeros se basan precisamente en el informe favorable del CSN, mientras que los segundos, que ahora tendrían a su favor lo ocurrido en Fukushima, han apelado a la antigüedad de la planta; al hecho de que está amortizada; que se encuentra en un emplazamiento "frágil" y que su cierre no tendrá repercusión alguna en la garantía de suministro, pues es un único grupo de generación con 450 MW de potencia.
Siguiente paso, recurso ante el Supremo
Si la Audiencia Nacional desestima las peticiones, entre otras, de Endesa e Iberdrola contra el cierre de Garoña, estas podrán recurrir ante el Tribunal Supremo. En su demanda ante aquella instancia judicial, ambas solicitan la anulación de la orden ministerial del 6 de julio de 2009, por la que el Ministerio de Industria aprobó la clausura de la central nuclear en 2013. Según las propietarias, esta decisión es "contraria a derecho" y "arbitraria". Y en todo caso, de no ser anulada dicha orden, las eléctricas, a través de la sociedad que gestiona la planta, Nuclenor, piden una indemnización mínima de 951,4 millones de euros, por considerarla una expropiación.Para la demandante, el perjuicio económico por el cierre es de 600 millones de euros y valora el inmovilizado de la planta en otros 400 millones. Pese a que le fueron denegadas las medidas cautelares que solicitó, a lo largo del proceso, los denunciantes habían confiado en recibir una compensación, si no toda la solicitada, sí en una buena parte. Sin embargo, la corriente de opinión desfavorable a la energía nuclear que ha provocado el accidente de Fukushima hace temer ahora que no habrá indemnización, o apenas ninguna, según fuentes conocedoras del proceso.En la demanda, Nuclenor apela a la compensación por la moratoria nuclear aprobada por el Gobierno socialista en los años ochenta y que paralizó las inversiones en marcha de cinco grupos atómicos. Estas fueron restituidas a las empresas eléctricas a través de la tarifa, en la que aún quedan restos de la citada moratoria.Otro argumento en contra del cierre se centra en que la vida útil no está determinada en ninguna ley.
Otros efectos
- Los efectos del terremoto y posterior tsunami en el complejo nuclear de Fukushima, en la costa oriental de Japón, ha tenido consecuencias directas en Europa.- En Alemania, el Gobierno de coalición que preside Angela Merkel ha decretado el cierre definitivo del parque nuclear germano en 2021.- El programa nuclear italiano, por su parte, ha sido paralizado tras el referéndum en el que un 94% de los votantes se manifestó en contra.