EDITORIAL

Austeridad en todos los gastos

Los programas regionales que el Partido Popular ha prometido aplicar en las comunidades autónomas en las que ha obtenido el poder tras las elecciones del 22 de mayo están marcados por un santo y seña común: la austeridad. No es para menos, si se tiene en consideración la necesidad de que las cuentas públicas regionales -cuya persistente indisciplina presupuestaria se ha convertido en un grave problema para el conjunto de la economía- contribuyan al cumplimiento del objetivo de consolidación fiscal del que España debe dar cuenta. La lista de deberes de los Gobiernos populares incluye así un fuerte y necesario recorte de la Administración autonómica, el establecimiento de techos de gasto, la congelación o incluso bajada de impuestos y la lucha para reducir los inaceptables plazos de pago que la Administración mantiene con las empresas con las que contrata.

Como no puede ser de otra manera, en toda esa cartera de reformas ocupa un lugar prioritario el control del gasto público. No solo los dirigentes populares, sino también los socialistas, han dado un respaldo unánime a la necesidad de reducir el desmesurado y caro entramado de consejerías, direcciones generales, sociedades públicas y altos cargos que pesa sobre las arcas autonómicas. El hecho de que desde el inicio de la crisis las comunidades autónomas hayan creado un ente público por semana -hasta llegar a un total de 228- da una idea de la necesidad acuciante de poner coto a esta irresponsable y nefasta escalada del gasto regional. En línea con esa filosofía, varias comunidades han anunciado una sustancial reducción de partidas presupuestarias. Es el caso de Castilla-La Mancha, cuya presidenta, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que eliminará 22 direcciones generales, la oficina del Defensor del Pueblo Regional y hasta el 60% de los altos cargos. Pese a que no hay duda de la necesidad de rebajar el tamaño de los Ejecutivos regionales, además de hacerlos más eficientes y flexibles, todos ellos son recortes que incidirán en muy pequeña medida en el presupuesto regional y cuya relevancia radica más en el forma que en el fondo.

En contraste con ese afán de aplicar mano dura a los gastos corrientes, los barones y baronesas populares se muestran reticentes a enfrentarse a uno de los grandes caballos de batalla a la hora de confeccionar los presupuestos: el gasto sanitario. El rechazo frontal de la implantación del copago por parte de todos los presidentes del PP -frente al sólido discurso popular en materia de austeridad- apunta a una ambigüedad calculada de cara al escenario de las próximas elecciones generales. No hay duda de que reducir gastos corrientes tiene mucho menos coste político que apoyar medidas impopulares -y urgentes- de ahorro estructural. Pero lo que España necesita en este momento no es cálculo político, sino pulso firme y claridad.