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A los 66 años

El Gobierno británico alarga la edad de jubilación de los funcionarios

La edad de jubilación de los trabajadores del sector público británico se alargará a los 66 años para el 2020, según ha anunciado el Gobierno de coalición del Reino Unido.

Esta propuesta implica que, a excepción de los militares, policías y bomberos, los funcionarios, que hasta la fecha podían percibir su pensión al cumplir 60 años, tendrán que esperar otros seis para cobrar sus pensiones.

Así lo detalló hoy el secretario de Estado del Tesoro, Danny Alexander, en un discurso pronunciado en Londres, que fue muy criticado por los sindicatos al considerar que la propuesta es "provocadora".

Este responsable afirmó que las contribuciones que tendrán que pagar los funcionarios subirán, pero que los aumentos tendrán un límite para aquellos peor pagados, y aseguró que se protegerán las prestaciones sociales que ya existen.

De esta manera, los trabajadores del sector público tendrán que pagar un 3,2% más en sus contribuciones anuales de forma escalonada entre los años 2012 y 2014.

Alexander también garantizó que esos aumentos no se aplicarían a los funcionarios con salarios menores a las 15.000 libras anuales y que habría un límite del 1,5% en esos incrementos en el caso de funcionarios cuyos sueldos no superen las 18.000 libras.

En el caso de todas las prestaciones sociales que ya se concedían antes de la introducción de las reformas en el sistema de pensiones, éstas se protegerán, según el plan del Gobierno.

Tanto el Ejecutivo como los sindicatos han mantenido negociaciones sobre el sistema de pensiones aunque las tensiones entre ambas partes han aumentado en los últimos días, después de que unos 750.000 trabajadores del sector público votaran a favor de ir a la huelga el próximo 30 de junio.

Con relación a esa convocatoria de parón laboral, Alexander consideró que la posición del Gobierno se había "malinterpretado" y criticó a una minoría de líderes sindicales que, según él, "estaban predispuestos a una huelga prematura antes de que las negociaciones siquiera se hubieran completado".

En su comparecencia, Alexander señaló que el Gobierno de coalición adoptaría muchas de las recomendaciones hechas el pasado marzo en el llamado informe Hutton sobre el futuro del sistema de pensiones, y que concluyó que había una "clara necesidad de reforma".

Este responsable consideró "injustificable pedir al contribuyente que trabaje más y que pague más para que los funcionarios puedan retirarse antes y reciban más".

Negó además que esta propuesta constituyera "un ataque a las pensiones del sector público" puesto que, en su opinión, son "un intento por protegerlas a largo plazo".

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