EDITORIAL

El Gobierno completa su triple reforma laboral

El Consejo de Ministros cerró el viernes su trilogía de reformas de carácter laboral, abordadas todas ellas en los últimos 12 meses, y que han removido desde la normativa de contratación y despido hasta los distintos formatos de negociación colectiva, pasando por los mecanismos de acceso a la pensión de jubilación. El Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero ha modificado buena parte de la legislación laboral, cuando el dramatismo de las circunstancias del mercado de trabajo urgía soluciones inmediatas. Son cambios que, sin embargo, necesitan un rodaje hasta que se traduzcan en resultados apreciables en materia de empleo.

No obstante, en la reforma aprobada el viernes, con algunos cambios notables respecto a los borradores anteriores, hay varios pasos interesantes. Los estrictos límites a la ultraactividad y la introducción del arbitraje entran en esa categoría, así como la flexibilidad en la jornada o la clarificación y delimitación de las cláusulas de descuelgue. Pero, sin lugar a dudas, el más importante es el de la preeminencia de los convenios de empresa sobre los estatales y, muy especialmente, sobre los provinciales. Con un mundo económico tan globalizado, en el que las condiciones de mercado cambian prácticamente a cada segundo, lo más inteligente es dotar a las empresas de la mayor flexibilidad posible para adaptarse a esas modificaciones. Y contar con un convenio específico es una herramienta vital para ello, tanto para el empresario como para el trabajador.

Nos encontramos, pues, ante un escenario más acorde a las nuevas circunstancias y que, si se recupera el buen sentido de los agentes sociales y aparecen las ganas de colaborar de los partidos políticos, puede ser mejorado en los trámites parlamentarios y en el desarrollo de las normas que completen la reforma aprobada el viernes. De hecho, puede ser el momento adecuado para debatir sobre la conveniencia de seguir vinculando los incrementos salariales a la subida del IPC; o de apostar, tal y como se propone desde Alemania, por ligarlo a otras fórmulas como la evolución de la productividad.

Y es que cambios de esta trascendencia deben contar con el máximo consenso posible, en especial de los agentes sociales. Algo que, pese a intentar en todos los casos el consentimiento de los afectados, únicamente en la Seguridad Social se logró un principio de acuerdo para endurecer las condiciones de cotización y acceso a la pensión de retiro, incluido un retraso importante en la edad de jubilación. En el resto de las materias, la distancia entre empresarios y sindicatos era tan grande que no ha sido posible el consenso, y la defensa de sus posiciones ha pesado más que la necesidad imperiosa de ceder para aliviar las escalofriantes cifras de paro, en las que todos los agentes del país son un poco culpables, pero en las que empresarios y sindicatos lo son mucho.

Pese a defender intereses corporativos internos similares con la actual estructura de los convenios colectivos, los empresarios y los sindicatos no se han puesto de acuerdo para entregar un pacto mínimo sobre el futuro de los convenios, por lo que el Gobierno ha optado por el camino de en medio.

La norma aprobada el viernes se enfrenta a varios peligros. Uno es que se convierta en arma arrojadiza entre los partidos políticos en un momento de máxima tensión tras las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Un segundo radica en la posición de los empresarios, que parecen haberse enrocado y cerrado la puerta a cualquier acuerdo cuando parecían más cerca de él que nunca.

El tercero es que el nudo gordiano de las relaciones laborales en España sigue estando en el grado de poder de los sindicatos, cuya pasividad negociadora puede eternizar los preceptos recogidos en un pacto, por rígidos que sean, y donde el arbitraje obligatorio para romper la ultraactividad, como todos los arbitrajes laborales, puede tender más a consagrar derechos existentes que a proporcionar a las empresas la flexibilidad que buscan negociando con su plantilla. Por tanto, para los sindicatos, esperar, resistir, es ganar. En definitiva, la encaminada reforma de los convenios corre el riesgo de la superficialidad en su aplicación. Pero el mercado de trabajo la necesita mucho más de lo que empresarios y sindicatos reconocen.