Análisis

Por qué no hay acuerdo en los convenios colectivos

Nunca ha habido un interés desbordante en llegar a un acuerdo para reformar los convenios colectivos. Por eso llevan meses y meses sin avanzar pese a la premiosa insistencia del Gobierno y de las cifras de desempleo. Ni la patronal ni los sindicatos se sentían incómodos con la regulación existente, aunque centenares de empresarios lo estimasen imprescindible para evitar el despido de miles de trabajadores.

La ruptura de la negociación tiene más trascendencia política que económica, igual que un hipotético acuerdo habría tenido más trascendencia política que económica. La mayoría de las cuestiones que sindicatos y patronal ventilaban en la mesa de diálogo son aplicables legalmente ya hoy, desde que la reforma del Estatuto de los Trabajadores, que entró en vigor en enero de 1994, las pusiese en marcha. Otra cosa es que los comités de empresa y las secciones sindicales han impedido el libre ejercicio de tales posibilidades en los centros de trabajo desde entonces hasta ahora, aferrados a unos mecanismos trasnochados, cuasi franquistas, de negociación.

La estructura en cascada de los convenios colectivos (sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales) justificaba en muchos casos la existencia misma de los aparatos sindicales y patronales, que limitaban a la renovación de los acuerdos su trabajo anual ante sus representados. Esta estructura, junto con los privilegios de representatividad otorgados por la Ley Orgánica de Libertad Sindical proporciona a los sindicatos la posibilidad de proyectar un poder que en absoluto tienen por la afiliación que paga las cotizaciones cada mes. Y proporciona a la patronal una representatividad más artificiosa que real, pese a llevar una treintena de años intentando aglutinar la soberanía empresarial.

Aunque la posibilidad de los descuelgues de las empresas de las obligaciones de un acuerdo general o un convenio sectorial es legal, en la práctica tiene una dificultad que lo convierte en un mecanismo mayoritariamente desechado, e infinidad de empresas prefieren siempre acogerse a un convenio que les perjudica que soportar el conflicto que supone intentar el descuelgue. También hay empresas que consideran una desgracia para ellas que se elimina la referencia del convenio sectorial o de territorio, puesto que tales textos le dan la negociación colectiva resuelta.

Pero cierto es que la actividad económica es muy asimétrica, y lo es más en periodos de crisis, que solo pueden resolverse con condiciones diferenciadas para cada centro de trabajo. De ahí la virtud del acuerdo de empresa, que responderá más fielmente a las condiciones de la empresa y su plantilla que el acuerdo sectorial o territorial.

La ultraactividad (la vida después de la muerte de los convenios, la eternidad de su articulado) está garantizada por una legislación que proporciona al convenio la misma fuerza que al Estatuto de los Trabajadores. Los sindicatos se aferran a ella y los sindicatos quieren romperla para poder eliminar de los convenios determinadas cuestiones que tienen elevados costes que en absoluto van ligados al desempeño de la plantilla. El mecanismo propuesto por Trabajo de que se establezca un periodo máximo de ultraactividad y que sea después un arbitraje quien decida los términos de cada contenido, parece lógica para desatascar el asunto, pero no es la mejor solución.

La patronal ha pretendido también que cada vez queden más espacios libres para la negociación individual, así como más espacios remunerativos ligados al desempeño, y no establecidos con carácter general. Los sindicatos estiman que ello supone restar espacio a la naturaleza misma del convenio colectivo.

El acuerdo al que parecía que podían llegar sindicatos y patronal no tiene un contendido como para considerar que hay una reforma integral de la negociación colectiva. Ni mucho menos. Pero lo que definitivamente rompió la negociación ha sido la aparición en la escena de la condenada política. El triunfo electoral del Partido Popular ha servido para dos cosas: Primero, para bloquear el acuerdo, puesto que una parte de la CEOE estima que es mejor esperar un año, y que con un Gobierno del PP será más fácil y más barato lograr lo que pretenden, sin darle una firma a unos sindicatos que han estado pasivos y contemplativos durante los casi cuatro años de crisis, mientras caían cada día miles de puestos de trabajo.

Y segundo, para que una parte de la patronal pasase una atrasada factura al presidente de la CEOE, y de alguna forma, demostrarle que para que los empresarios firmen acuerdo tienen que tener contenido, y que no basta con que el presidente quiera firmar para firmar. En definitiva, le han recordado a Juan Rosell quién lo trajo a Madrid y quien manda en la CEOE.