La rebaja total sería al menos el 4,5% sobre el IPC hasta 2014

Las cajas quieren ligar el recorte de salario a la rentabilidad anual

La negociación del convenio de cajas quedó suspendida ayer tras el rechazo sindical a la petición patronal de rebajar los sueldos un total de al menos el 4,5% sobre el IPC en cuatro años. Y cada caja podría ampliar ese recorte en función de si se cumplen o no objetivos de rentabilidad.

La negociación del convenio de cajas de ahorros nació truncada por la pretensión patronal de que la plantilla se redujera el sueldo un 4,5% anual sobre el IPC durante cuatro años. La confrontación que provocó con los sindicatos convirtió el segundo encuentro, celebrado ayer, en una cita informal para acercar posturas. Lejos de eso, la sesión culminó bajo la duda de si habrá una tercera. La parte empresarial se mostró en apariencia más flexible con el recorte de partida, pero luego lanzó un as en la manga que terminó de soliviantar a las centrales.

La Asociación de Cajas de Ahorros para Relaciones Laborales (Acarl) propuso dos años de congelación salarial (2011 y 2012) y otros dos de incrementos ligados al IPC, que concluyan con una rebaja total "del 4% o el 4,5%" sobre la inflación al final de los cuatro años. Acto seguido, la patronal añadió como condición que cada entidad pueda descolgarse del acuerdo salarial pactado en función de su rentabilidad. En concreto, la Acarl sugirió utilizar como termómetro el ROA (return on assets), una variable bancaria que mide el ratio de beneficios que se obtienen en función de los activos.

La patronal reclamó, según asistentes a la cita, que cada caja pueda incrementar el recorte si su ROA no supera el 0,35%. Un criterio que permitiría, por ejemplo, que Bankia (el banco nacido de la unión de Caja Madrid y Bancaja, entre otras) ahonde las rebajas de sueldo, dado que su ROE era del 0,25% al cierre del primer trimestre. Caixabank, de La Caixa, por contra, no podría ampliar el ajuste, dado que su rentabilidad por activos es del 0,7%.

Aunque la patronal accedió a negociar este porcentaje, los sindicatos rechazaron este indicador "por su falta de objetividad", y por no ser "representativo de la situación". En su lugar, las centrales aceptarían que una entidad se salte el acuerdo si "presenta al Banco de España un balance de pérdidas, sufre una caída brutal de beneficios, o está en peligro su viabilidad".

La plantilla acepta un -1,8%

Los sindicatos están dispuestos a aceptar la congelación salarial hasta 2013, y una rebaja estructural del 1% -"y hasta el 1,8% coyunturalmente"- al cierre de los cuatro años, para los 130.000 trabajadores afectados, a cambio de reducciones equiparables de la jornada.

La falta de flexibilidad de las partes, sin embargo, ha dejado la negociación paralizada sine díe.

350.000 euros por empleado

El nuevo puzle de las cajas de ahorros sigue en construcción, pero los ajustes de plantilla anunciados costarán más de 4.000 millones de euros a las entidades y el erario público. Cada despido cuesta cerca de 350.000 euros, según adelantó ayer CincoDías.com.

El sector de las cajas empleaba a finales de 2010 a 128.112 personas, 6.674 menos que dos años antes. Pero el proceso de reestructuración está lejos de concluir, y los 12 expedientes de regulación de empleo aprobados hasta ahora por Trabajo sitúan el recorte global sobre los 13.000 puestos.

Hasta nueve entidades han solicitado dinero al FROB, por un total de 11.559 millones. A cambio, se han comprometido a rebajar en un 15% el exceso de capacidad instalada, tanto respecto al número de oficinas como al de empleados. Ello implica un tijeretazo de 2.380 sucursales y de 12.640 empleos.

Prácticamente la mitad del ajuste de plantilla se concentra en dos entidades: Bankia, capitaneada por Caja Madrid y Bancaja, tiene previsto recortar 3.756 empleos y cerrar 300 oficinas. Más de 2.000 puestos de trabajo recortará Banco Base, seguido de Catalunya Caixa, Novacaixagalicia y Banca Cívica, todas ellas con ajustes superiores a los 1.000 puestos de trabajo.

Las prejubilaciones representarán la principal factura a pagar por el sector. Según cálculos del bufete Sagardoy Abogados, que ha asesorado a varias cajas en sus negociaciones con los sindicatos, el coste medio por cada trabajador despedido o prejubilado supera ligeramente los 300.000 euros. La factura es elevada, porque en los casos más habituales los empleados prejubilados acumulan largas carreras profesionales dentro de la misma caja, y sus nóminas son altas en el momento de la salida de la entidad.

A la factura directa a cargo de las entidades financieras debe sumarse el coste para la Seguridad Social de los cerca de 13.000 despidos y prejubilaciones. Según un informe del Ministerio de Trabajo publicado por El País, el gasto medio por persona, en concepto de prestación por desempleo, alcanzará los 53.688 euros, lo que llevará la factura para las arcas públicas a 700 millones.

Si se suman esas cifras a los costes de las indemnizaciones citados más arriba, se concluye que cada uno de los 13.000 puestos de trabajo suprimidos costará alrededor de 350.000 euros, y la factura global rondará los 4.600 millones de euros.

A la espera de la reforma de los convenios

Los representantes de los trabajadores del sector financiero acusan a las patronales de estar retrasando un acuerdo en los convenios para intentar aprovecharse de las condiciones más favorables al empresariado que surjan de la reforma de la negociación colectiva que preparan Gobierno, CEOE, CC OO y UGT. La banca se ha negado a reunirse hasta junio y la confrontación sindical con la patronal de cajas ha dejado esta negociación en punto muerto.