Ahora deberá votarse en el Parlamento

Gobierno luso y agentes sociales llegan a un acuerdo para la reforma laboral

El Gobierno de Portugal, tres patronales y el sindicato UGT anunciaron hoy un acuerdo para una reforma del mercado laboral, texto que no contó con la participación de la mayor central sindical del país, la Confederación General de Trabajadores (CGTP).

El sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación Industrial de Portugal (CIP), la Confederación del Comercio y Servicios (CCP) y la Confederación de Agricultores (CAP) llegaron a un punto de entendimiento con el Ejecutivo que preside José Sócrates después de unas largas negociaciones.

De este modo se sientan las bases para el desarrollo de un fondo financiado por los empresarios para garantizar el pago de las indemnizaciones laborales y una reducción de 30 a 20 días por año trabajado en las compensaciones económicas a los trabajadores en caso de rescisión de contrato.

El texto de la reforma deberá ahora votarse en el Parlamento y, en caso de aprobación, ser sancionado por el presidente de la República, el conservador Aníbal Cavaco Silva.

"Más que un triunfo político del Gobierno, es un triunfo político para el país", aseveró Sócrates, que mañana afronta la decisiva votación del nuevo programa de ajuste fiscal, que podría desencadenar una inminente crisis política en caso de que no se apruebe en el Parlamento.

El Ejecutivo socialista, que gobierna en minoría, ha recabado el rechazo de toda la oposición lusa, desde la derecha hasta la izquierda, cuando Portugal vive la peor recesión de los últimos 30 años acosado por la desconfianza de los mercados.

Respecto al acuerdo, inspirado parcialmente en la nueva reforma española, la ministra de Trabajo, Helena André, explicó que éste cuenta con un equilibrio entre las materias laborales y económicas y señaló que contribuirá a crear las condiciones para que la economía lusa sea más competitiva y genere más empleo.

Sin embargo, la propuesta desagradó al sindicato comunista CGTP, que abandonó la mesa de negociaciones por considerarla lesiva para los trabajadores, amparados por una Constitución que se redactó en el periodo pos-revolucionario al 25 de abril de 1974 y que puso el acento en velar por los derechos laborales.