Reforma del sistema público de pensiones

Dos años más sin cobrar el plan privado

La reforma no tiene en cuenta el sistema individual y retrasa el acceso al ahorro para la jubilación.

El Gobierno acaba de sellar con sindicatos y patronal la reforma del sistema público de pensiones más ambiciosa de las últimas décadas. El objetivo -mantener la estabilidad del modelo más allá de los próximos 20 años- se logrará aumentando la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, fomentando las carreras largas de cotización, y elevando el periodo que se toma para calcular la pensión de los 15 a los 25 últimos años trabajados, entre otras medidas. Aunque los expertos no se ponen de acuerdo en cuál será la cuantía, todos coinciden en que el resultado directo de estas medidas será una reducción de la pensión media que cobra cada jubilado. Un efecto que, con toda probabilidad, tendrá como consecuencia el aumento en la contratación de planes privados de pensiones. Paradójicamente, el Ejecutivo ha dejado de lado algunos aspectos clave que prometió regular sobre los sistemas de previsión complementaria.

El principal, probablemente, es que el cobro de un fondo privado de este tipo sigue ligado al momento de la jubilación, con lo que, progresivamente, el acceso a este ahorro se irá retrasando a la par que la edad del retiro. El proceso comenzará en 2013 y culminará en 2027, cuando los trabajadores con menos de 38,5 años cotizados, deberán jubilarse ya a los 67 años. El proyecto inicial, que el Gobierno presentó hace ahora un año, incluía el compromiso de desligar estos planes del momento de la jubilación, apostando por otras variables, como su libre acceso a partir de los 65 años. El objetivo era "hacer más atractiva la prolongación de la vida laboral", permitiendo que los empleados de más edad tuvieran acceso a una renta complementaria a su salario en los últimos años de trabajo, en los que podrían, por ejemplo, reducir su jornada. Hoy por hoy, sin embargo, dichos trabajadores tardarán dos años más en acceder a sus ahorros.

"No vimos claro que hubiera que aprobar que se desvinculen esos fondos del momento de la jubilación", argumenta Carlos Bravo, responsable de pensiones de CC OO. "El Estado deja de ingresar de entre 1.500 a 2.000 millones al año por los incentivos fiscales que se aplican a este tipo de fondos. Es el presupuesto del Ministerio de Cultura. Algo así solo se justifica para beneficiar un complemento de la pensión pública, no para incentivar un plan de ahorro común a largo plazo", agrega.

Desde el sector privado, sin embargo, consideran que este es uno de los puntos pendientes que deberán regularse en el nuevo modelo. "Es cierto que se ha quedado aparcado, pero debería incluirse, bien por la vía de las enmiendas del Congreso, o cuando se articule una normativa específica de los sistemas de previsión privados", aduce Ángel Martínez-Aldama, director general de Inverco, la patronal del sector.

Las peticiones del sector

No es su única reclamación. El documento de recomendaciones del Pacto de Toledo, sobre el que se sustenta la reforma, invita a "reforzar los planes privados". El texto, de hecho, menciona explícitamente "el insuficiente grado de desarrollo de la previsión complementaria en España" y la necesidad de "potenciar" estos sistemas especialmente en "el marco de la negociación colectiva". La baja implantación de los planes privados en el país se debe en gran parte a la fuerte cobertura pública. La tasa de sustitución, el porcentaje sobre el último salario que cubre la pensión, se sitúa de media en España en el 81,2%, frente al 45,7% que cubre el sistema público en la media de la OCDE. La diferencia radica en que algunos países, como Suecia, Dinamarca u Holanda, cuentan con un sistema mixto que obliga a los trabajadores a contratar un plan privado que complemente al público. Un modelo que ha sido solicitado para España desde algunos sectores patronales, como el Círculo de Empresariado.

Además, la contratación de fondos privados voluntarios resulta relativamente baja en España, pues pese al funcionamiento de los individuales, los planes a nivel de empresa cuentan con muy poco peso. En este campo, tal y como exige el Pacto de Toledo, puede ser clave la reforma del sistema de negociación colectiva que sindicatos y patronal tienen previsto afrontar en los próximos meses.

"Los planes en las empresas privadas son el talón de Aquiles del sistema de previsión de España. Salvo sectores muy privilegiados, no hay una cobertura fuerte. En otros países europeos es la segunda pata de apoyo para proteger la jubilación", cuenta Manuel Álvarez, director del Observatorio de Pensiones de Caser. "La población lo contempla como un sistema razonable, el Pacto de Toledo anima a ello. Solo queda el eslabón definitivo, que patronal y sindicatos se pongan de acuerdo", añade. En este sentido, uno de los impulsos más urgentes, aseguran desde el sector, está en fomentar estos planes en las pymes. "Son la piedra angular de la economía española", concluye Álvarez.

Para ello, el sector reclama mejorar los incentivos fiscales, especialmente para las empresas de menor tamaño y los autónomos. Desde CC OO, donde comulgan con la petición de implantar sistemas de empleo en las pymes, advierten, sin embargo, que no es momento de "aumentar los incentivos fiscales, sino de reorientarlos" hacia estos colectivos. "El actual sistema de ventajas fiscales es indiscriminado. De hecho, los españoles no hacen previsión con vistas a la jubilación, sino al ahorro fiscal. Hay que reordenar el modelo", matiza Bravo.