Análisis de la Contabilidad Nacional del INE

Una economía atenazada por el endeudamiento

La economía española cerró 2010 con un descenso de la producción del 0,1%, tal como confirma Estadística, con un perfil anual condicionado por la digestión de los excesos del pasado y las decisiones fiscales del Gobierno que han menguado la renta disponible de los españoles y condicionado sus expectativas de gasto a inversión.

Tras dejar la prolongada recesión iniciada en el segundo trimestre de 2008 y abandonada en el primer trimestre de 2010 (siete trimestres consecutivos de caídas), la economía volvió a contraerse en el tercer trimestre del pasado año, en contra de lo anunciado hace tres meses tanto por el Banco de España como por el INE, y cayó un 0,024%. Finalmente cerró el ejercicio con una recuperación ligerísima del gasto de los hogares y las ventas al exterior, pero con la inversión y el gasto de las administraciones públicas en tasas muy negativas. Esta condicionada por la crisis fiscal del Estado, y aquella por la imperiosa necesidad de desapalancamiento privado, que incita a la población al ahorro y a paralizar las decisiones de inversión en bienes duraderos o activos residenciales.

El comportamiento de la economía española es fruto de sus circunstancias, y no por casualidad registra los valores comparativamente más pesimistas respecto a la Unión Europea de los últimos años: está en el dificultoso proceso de digestión de los excesos de inversión de los últimos quince años, y el lentísimo desapalancamiento, sobre todo de las familias, impide reactivar el consumo, especialmente en bienes duraderos, y la inversión.

Por añadidura, la crisis fiscal en la que han entrado las instituciones públicas, en parte para atender los desequilibrios generados en los sectores privados de la economía, imposibilitan que se pueda mantener el keynesianismo que en los primeros meses de la recesión intentó neutralizar la apatía de empresas y hogares. Así, el gasto de las administraciones públicas acumula ya cuatro trimestres consecutivos, los cuatro de 2010, con descensos, que demás son cada vez más acusados. Detrás de estas cifras está la rebaja de sueldos de los funcionarios y el descenso en las compras de bienes y servicios por parte de Estado, Comunidades y ayuntamientos.

Por lo que se refiere a la inversión, acumula casi tres años de valores descendentes, y la contracción se atenúa muy poco, pues sigue con descensos interanuales superiores al 6% (cierto que en 2009 las caídas de esta variable de la demanda era del 16%), y aunque se produce un ligero respiro en la inversión en bienes de equipo, la contracción en la inversión residencial es muy fuerte, superior al 10% aún. Este es el mejor ejemplo de que no se ha producido un desapalancamiento lo suficientemente significativo como para que los agentes privados, especialmente los hogares, tomen la iniciativa de invertir. Sí hay cierta recuperación del gasto en consumo, pero con debilidad aún en las partidas de bienes de uso duradero, tal como advierte el propio Instituto Nacional de Estadística.

Beneficios e impuestos, activan el deflactor

El Producto Interior Bruto generado en 2010 en España llegó a 1,062 billones de euros, con crecimiento en la oferta industrial y de servicios, y con ajustes importantes en agricultura, y muy importantes aún en la construcción. Un reparto del PIB generado por renta otorga el 47,89% a los asalariados, un 43,43% a los excedentes empresariales, y el resto, un 8,67%, a los impuestos. Mientras esta partida se incrementa notablemente, nada menos que un 20,6%, la remuneración de los asalariados desciende un 1,5%, tanto por la caída del empleo como por la congelación de los salarios nominales y les convierte en los auténticos pagadores de esta crisis, y los excedentes empresariales se incrementan, aunque sea ligeramente.

La pérdida agregada de puestos de trabajo a tiempo equivalente que recoge la Contabilidad Nacional es de un 2,2%, que supone nada menos que la pérdida de 238.000 puestos de trabajo. Esta pérdida, junto con el ajuste de los salarios, provoca que haya una caída de los costes laborales unitarios en todos los trimestres del año, y que la aportación a un deflactor del 1,4% sea exclusivamente responsabilidad de los excedentes y de los impuestos, casi a partes iguales.