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Posibles delitos de fraude a la Hacienda Pública

Guerra de denuncias entre las entidades de gestión y los internautas

Las entidades de gestión (entre ellas la SGAE, Egeda y Cedro) y las asociaciones que conforman la plataforma Todoscontraelcanon.es vivieron ayer un cruce de denuncias que tienen en su trasfondo el cobro del canon digital (ahora en revisión).

Primero fueron la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), la Asociación de Internautas (AI) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit), que denunciaron a las entidades de gestión ante la Fiscalía Anticorrupción por "posibles delitos de fraude a la Hacienda Pública, falsificación de documentos privados y públicos y apropiación indebida"

Según la denuncia, las gestoras se habrían apropiado indebidamente de unos 50 millones de euros provenientes del canon que deberían haber sido abonados a los autores o bien devuelto, según la Ley de Propiedad Intelectual. Además, los denunciantes consideran que las entidades han "incurrido en falsedad documental ya que las cuentas presentadas a los asociados y a la administración no coinciden" y apuntan un posible fraude a la Hacienda Pública "al declarar ante la administración una cantidad inferior" de la recaudación "para así obtener una mayor subvención".

La respuesta de las entidades no se hizo esperar. Tras hacerse pública la denuncia, las entidades de gestión advirtieron que en la denuncia se les atribuye "gravísimos delitos que afectan a la honorabilidad de los responsables de las entidades" y anunciaron que interpondrán una querella criminal contra la citada plataforma "por calumnias".

Las entidades criticaron que la denuncia es "falsa y calumniosa" y está "sustentada en datos tendenciosa y erróneamente interpretados". Además, dijeron que su actuación "se ajusta escrupulosamente al marco legal que la regula (...), avalados en 2008 y 2010 por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.

Petición de Archivo

Las entidades solicitaron al Fiscal Anticorrupción "la más rápida tramitación" de la denuncia contra ellas, su archivo inmediato y el traslado de dicha denuncia al juzgado de guardia competente por la comisión de un presunto delito de denuncia falsa.

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