EDITORIAL

Larga vida para la Seguridad Social

Fumata blanca. El Gobierno ha logrado cerrar un principio de acuerdo con los agentes sociales y empresariales para reformar el acceso a la jubilación, que inyecta importantes dosis de solidez financiera a la Seguridad Social para, al menos, un par de generaciones. Nada es seguro en esta materia, porque todo depende de cuánto crezca la economía y con qué calidad lo haga, pero si todo se desarrolla correctamente, con un avance del PIB cerca del potencial, y si se logra llevar éste por encima del 2,5% anual, la Seguridad Social disfrutará de larga vida para solaz de sus cotizantes y sus pensionistas. El acuerdo logrado sobre las pensiones tiene una trascendencia capital, de corto y de largo plazo. Despeja las dudas sobre la posibilidad de que un problema financiero nacional estuviese enquistado y engordando cada día para explotar en unos años, cuando ya no tuviese remedio, en primer lugar. Pero esta circunstancia despeja también las dudas que lentamente se han ido alojando en la psique de la ciudadanía, y que, aun sin admitirlo, condiciona sus decisiones de consumo e inversión, porque hasta ahora no tenían la certeza de que van a disponer de un sistema de pensiones seguro.

En España la continuidad de la Seguridad Social siempre se ha dado por descontada, puesto que los partidos políticos, cuando han estado en la oposición y cuando han estado en el Gobierno, siempre la han utilizado como una palanca electoral, de la que en ningún caso pueden prescindir, porque si la desprecian, tendrán la negativa de la gente. Pero el horizonte que proporciona la demografía en España no está convenientemente despejado para las próximas décadas: el envejecimiento esperado de la población y la expectativas tan negativas sobre el crecimiento económico y del empleo son dos nubarrones demasiado negros como para dar los problemas por resueltos. Por ello, además de la reforma de la Seguridad Social que disipa la niebla que la población pudiera tener respecto a su retiro, el Gobierno y los agentes socioeconómicos deben acompañar estos cambios con otros no menos consistentes en los mercados de bienes, servicios y factores para que la economía estire su crecimiento potencial y recupere los niveles de riqueza y reparto de la misma de antes de la crisis.

El pacto logrado ahora, bien administrado, proporciona estabilidad financiera a la Seguridad Social hasta 2040, siempre que las variables crecimiento y empleo tengan un desempeño solo normal. Hoy puede parecer muy cuesta arriba elevar la edad de jubilación, o aumentar el número de años a considerar para calcular la pensión; pero solo así se refuerza la contributividad para que la prestación del retiro esté más directamente proporcionada a las cotizaciones realizadas que ahora, además de dar sostenibilidad a las cuentas del sistema. Además, la transitoriedad introducida en la reforma, de tal guisa que hasta 2027 no es efectivo en todos sus términos el retraso de la jubilación, es lo suficientemente flexible como para que nadie se sienta incómodo con las nuevas condiciones. Habrá que cotizar más años para jubilarse y para cobrar el 100% de la pensión, pero hoy hay más certezas de que se cobrará de las que había hace un mes. Habrá cotizantes que perderán una parte de lo que constituía su expectativa de pensión, pero no deben olvidar que una parte de esa expectativa no estaba financiada por sus aportaciones, sino por una norma que santifica el reparto generacional, pero también un reparto intrageneracional con un trasvase exagerado del esfuerzo de las carreras ricas de cotización hacia las carreras pobres.

Con los nuevos mecanismos de jubilación, el ahorro del sistema será significativo en una veintena de años, cuando hayan madurado todos los cambios introducidos ahora; la partida de pensiones será de un 12,5% del PIB frente a un 15,5% esperado si no se hace nada; será algo financiable frente a algo infinanciable si nada cambia. Gobierno y sindicatos deberían hacer un esfuerzo para acortar los plazos de la transitoriedad, porque hay más necesidad de ahorro de recursos y de aportaciones adicionales de lo que el Gobierno admite. Pero cierto es que es mejor esto que la pasividad practicada por Zapatero en este asunto desde que llegó al Gobierno, cuando comentó sin ruborizarse que "no descarto que algún día alguien tenga que hacer algo con las pensiones". Cosas de la crisis.