El Gobierno acepta revisar el canon digital

Cultura dará más garantías jurídicas para pactar la 'ley Sinde' con el PP

La ley Sinde se ha salvado in extremis. Ayer, y tras una jornada intensa en negociaciones, el Gobierno y el PP pactaron aprobar en la Cámara alta la norma que regulará las descargas ilegales en internet. CiU también selló la enmienda conjunta. Antes, el Ejecutivo tuvo que comprometerse a fortalecer las garantías jurídicas de la ley antidescargas y a revisar el canon digital, dos exigencias que había impuesto el principal partido de la oposición para respaldarla.

Cultura dará más garantías jurídicas para pactar la 'ley Sinde' con el PP
Cultura dará más garantías jurídicas para pactar la 'ley Sinde' con el PP

El PP se hizo de rogar hasta el último momento. El partido que preside Mariano Rajoy tenía en sus manos desde primeras horas del lunes una propuesta final del Gobierno, pero hasta las 20.00 horas no hizo público su apoyo definitivo a la polémica ley Sinde, que persigue el cierre de las páginas web que sirven sin autorización legal contenidos sujetos a derechos de autor. A las 24.00 horas acababa el plazo para presentar enmiendas.

El pacto, al que se sumó CiU, se selló después de que el Gobierno admitiera incluir más garantías judiciales en todo el proceso y se comprometiera a revisar el canon digital para adaptarlo a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Este calificó el pasado octubre de "indiscriminada" la forma en que se aplica dicho gravamen en España, ya que las personas jurídicas y las Administraciones deben quedar exentas de pagarlo.

Según el texto acordado, el juez no solo intervendrá cuando haya que ejecutar el cierre de una página web, tal y como estaba contemplado en su redacción actual, sino también en la primera fase. Es decir, tendrá que haber una autorización judicial para identificar e investigar a quién vulnere derechos de propiedad intelectual en la red y acceder a determinados datos confidenciales.

Deberá haber autorización judicial para identificar e investigar a quien vulnere la propiedad intelectual

"Cuando el juez estudie un expediente tendrá 24 horas para autorizar que se identifique o no al titular de la página para que pueda hacer sus alegaciones y defenderse. El titular puede en todo momento retirar el contenido y queda archivado el procedimiento", explicó ayer la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que defendió que la ley pactada "refuerza las garantías de derechos fundamentales como el de la intimidad y el de la libertad de expresión".

El acuerdo entre los tres partidos no cambia, sin embargo, otras partes importantes de la ley. Así, por ejemplo, se mantiene el procedimiento mixto administrativo-judicial que ya recogía la norma, y será una comisión de propiedad intelectual (un órgano administrativo dependiente de Cultura) el que inicie el proceso para el cierre de las páginas, siempre iniciado a instancia de parte. Gobierno, PP y CiU coinciden en que este sistema agilizará la eliminación de la red de los contenidos ilegales.

Tampoco se modifica otro punto clave: la ley no va a perseguir al internauta particular que realice descargas ni a sus conexiones a internet, como sucede en países como Francia o Reino Unido. Solo se perseguirá a los responsables de las páginas que ofrecen ilegalmente contenidos digitales y que se lucran con ellas. Según los datos que maneja Cultura, unas 200 de estas webs son las responsables del 90% de la piratería.

Pese a la dificultad para sellar un acuerdo ayer (a las 18.00 horas el PP volvía a entregar al Gobierno otra contra propuesta) y al voto en contra en el Congreso por parte de populares y de CiU, el pacto de este lunes evidencia que los tres grupos políticos son partidarios de legislar las descargas "ilegales" que están vulnerando la propiedad intelectual.

"No nos hemos movido de nuestro planteamiento inicial. Hemos señalado que cualquier regulación de la propiedad intelectual en la red, sobre el que hay un consenso unánime de las fuerzas políticas, debería pasar por una tutela judicial", dijo José María Lassale, portavoz de Cultura del PP. Este añadió que "se ha logrado una nueva regulación que trata de establecer un justo equilibrio entre los derechos de los creadores y la salvaguarda de una serie de garantías judiciales en torno a la libertad de la red. Los usuarios pueden estar tranquilos, porque se están adoptando garantías que protegen sus derechos fundamentales".

Los internautas amenazan con retirar votos a Rajoy

Mientras González-Sinde defendía el pacto como "una victoria" y no como "una derrota", las presiones fluyeron con fuerza ayer en Twitter. Uno de los más activos fue el presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, quien afirmó que no estaba de acuerdo con la forma en la que el PSOE había planteado el debate sobre la ley Sinde. "No estoy de acuerdo en la manera en que habéis planteado esto. No dialogáis en la red. No es mi trabajo, debería ser el vuestro", afirmó el cineasta, a quien el PSOE contestó también vía Twitter: "Dialogamos en la red y fuera de ella. El Gobierno ha sido el primero en llamar a internautas para pedir opinión".

De la Iglesia sacó a relucir sus dudas sobre la ley en otro tweet con David Bravo, abogado especializado en propiedad intelectual. El jurista preguntó al cineasta si creía necesario "eliminar la amenaza" (la ley Sinde) y empezar entre todos desde cero, a lo que el director de cine respondió con un "tal y como están las cosas...".

A su vez, Enrique Dans, profesor del IE, se hacía una pregunta clara en su Twitter que "¿Quien permita que salga la ley Sinde espera que le voten los nativos digitales? Las próximas elecciones se juegan en la red". Otros fueron más duros al señalar que "mi voto no irá a ningún partido que haya votado a favor de la ley Sinde ni en las municipales ni en las generales". Y otro tweet decía: "Internet no merece un PP que pacta la ley Sinde. Pásalo". También la Asociación de Internautas emitió una nota en la que tachó de "atropello" la enmienda pactada en el Senado. "Es un maquillaje para hacernos tragar una ley que no sirve para lo que pretenden, pero sí para que los políticos y la oligarquía de la cultura puedan decidir sobre algo tan fundamental como la libertad de expresión".

Cambios en el canon

El pacto con el PP y CiU incluye también cambios en el canon digital. El acuerdo establece que el Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible, deberá proceder a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada mediante un real decreto y conforme al marco normativo de la UE.