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El futuro de las pensiones

Al compás que marca Europa

El grueso de la UE ya ha estirado la edad laboral.

La propuesta del Gobierno español de retrasar en dos años la edad de jubilación no es una ocurrencia aislada en la Unión Europea. El viejo continente hará cada vez más honor a su apelativo según todas las proyecciones internacionales, que dibujan un panorama de población preocupante para la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones. En los últimos meses, un buen puñado de países se ha lanzado a la reforma de uno de los pilares del Estado del Bienestar, el sistema de protección social patentado por la Europa.

La medida más utilizada, por su fácil venta política, es la de incentivar la prolongación de la vida laboral. Pero la mayoría de los expertos y el grueso de los organismos internacionales, como el FMI o la OCDE, reclaman acciones más radicales para cambiar la tendencia de la caja de la Seguridad Social. Por eso, la prolongación de la edad legal de jubilación ya ha sido instaurada en Reino Unido, Dinamarca, Portugal, Bélgica, Italia, Alemania, Austria y Francia. En este último país, el anuncio del presidente Nicolas Sarkozy de diferir la edad legal hasta los 63 años (dos menos que la todavía vigente en España) desató una ola de movilizaciones.

Otras medidas con fuerte impacto sobre la sostenibilidad son la modificación de las bases y la medida para el cálculo de la pensión, así como su actualización, las cuales han sido implantadas en varios países comunitarios de forma poco homogénea. Hasta la fecha, España únicamente aplica incentivos para prolongar la actividad. Esos datos fueron presentados recientemente por el Banco de España, cuyo gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, reclama una reforma en profundidad que incluya, entre otras medidas, la ampliación del periodo para calcular el importe de la pensión desde los actuales 15 años hasta el conjunto de la vida laboral.

La edad efectiva de jubilación alcanza los 63,5 años en España, frente a los 62 de la UE

La propuesta del Gobierno de diferir la edad legal hasta los 67 años no sería de aplicación inmediata: comenzaría en 2013, a razón de dos meses de retraso adicional cada año, de modo que se llegaría a los 67 en 2025. Además, se mantendría el nivel de 65 para colectivos con trabajos penosos y para quienes hayan cotizado 35 años o más.

Al margen de consideraciones políticas, las condiciones de partida explican en parte por qué el grueso de los países de la UE ha movido ficha antes que España: en este país, la edad efectiva de jubilación alcanza los 63,5 años, frente a los 62 de la media de la Unión Europea. Eso sí: la cuantía media de las pensiones, situada en el 80% del último salario percibido por el trabajador, solo es superada en el continente por la de Grecia.

Evitar el déficit a partir de 2020

El envejecimiento de la población española, que se vio frenado durante la última década a raíz del fenómeno de la inmigración, seguirá presionando en décadas venideras. Según datos de la Comisión Europea, la tasa de dependencia (proporción entre la población mayor de 65 años y la que tiene edad para trabajar) se situará en 2040 en el 46,4%, superando en un punto a la del conjunto de la Unión Europea. En la actualidad, apenas llega al 25%, un punto por debajo de la media comunitaria.Las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística también invitan a la preocupación: si en la actualidad hay 2,11 afiliados a la Seguridad Social por cada pensión, Estadística cree que a mediados de siglo esa proporción se reducirá a la mitad, hasta 1,05. Esas proyecciones llevan a los analistas de AFI a afirmar que, si no se toman medidas drásticas, el sistema público de pensiones entraría en déficit dentro de diez años. El fondo de reserva, que suma 64.000 millones de euros, se habría consumido en 2018, y en 2050 la Seguridad Social tendría una deuda equivalente al PIB.

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