Estudian recurrirla al Constitucional

Los internautas buscan in extremis paralizar la polémica 'ley Sinde'

La comunidad internauta busca in extremis lograr la paralización de la llamada ley Sinde, una disposición adicional incluida en la Ley de Economía Sostenible que prevé el cierre de páginas web que facilitan la descarga de archivos protegidos por derechos de autor. Ante su aprobación, prevista para hoy, distintos grupos convocaron un ataque en la tarde de ayer contra las webs de los partidos políticos y pidieron que se llamara a los diputados implicados para expresar su disconformidad.

Los internautas buscan in extremis paralizar la polémica 'ley Sinde'
Los internautas buscan in extremis paralizar la polémica 'ley Sinde'

A las 18.10 horas de ayer las páginas webs del PP, CiU y PNV quedaron noqueadas. Imposible acceder a ellas. En ese momento, solo la web del PSOE y de IU estaban en pie. La amenaza de tumbar los sitios web de los partidos políticos se había cumplido, y con éxito. El blog Anonymous valenciano había convocado horas antes por internet un ataque de denegación de servicio, similar al que tumbó las webs de Amazon y Paypal en defensa de Wikileaks. En su cuenta de Twitter AnonymousNano, este bloguero defendía que si "los políticos censuran webs; nosotros cerramos webs a los políticos".

A la misma hora, las cuentas de correo de los diputados del PSOE también quedaron colapsadas. Y es que otra medida de queja fue el envío de e-mails masivos a los políticos implicados en esta disposición promovida por el Ministerio de Cultura contra las páginas de descargas. Tampoco faltaron manifestaciones en las calles en varias ciudades españolas.

La Asociación de Consumidores Facua envió a los grupos parlamentarios 30.000 firmas contra la normativa y la Asociación de Internautas se sumó a las protestas. Además de facilitar en su web los teléfonos de los partidos políticos y los correos electrónicos de los diputados, explicó en boca de su presidente, Víctor Domingo, que, "si finalmente se aprueba la ley Sinde tal y como está ahora redactada, no habrá problemas en reunir las firmas necesarias y presentar un recurso de inconstitucionalidad".

El texto actual prevé la creación de una comisión de propiedad intelectual (dependiente de Cultura), que se encargará de recibir las denuncias de los afectados por la piratería, comprobar que existe vulneración de derechos y solicitar el cierre o bloqueo de una determinada página web a un juez de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. æpermil;ste tendrá uatro días para pronunciarse y ordenar o no el bloqueo de la web denunciada desde que reciba el expediente.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, defendió ayer el texto desde Oviedo: "Veremos si se hacen modificaciones o el Parlamento considera que es un procedimiento garantista, como sostiene el Gobierno", informó Efe. Desde el Gobierno se recuerda que la disposición prevé que solo un juez podrá decidir sobre el cierre de una página web.

Los grupos contrarios a la ley antidescargas, sin embargo, critican que ésta es una norma elaborada "contra los intereses de los ciudadanos para favorecer a un poderoso lobby (las entidades de derechos de autores y editores y las multinacionales de la industria cultural) con un modelo de negocio caduco que no quiere reconvertirse". También defienden que la disposición es "un atropello al derecho de acceso al conocimiento" y que ha sido el resultado de "una presión feroz de EE UU a España, según han revelado los documentos de Wikileaks".

Severas críticas a la disposición desde IU y PNV

Los socialistas buscaban todavía ayer los apoyos para que la ley salga adelante. El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, reconoció que esta disposición ha sido objeto de conversación en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal celebrada este lunes y se mostró convencido de que logrará "conciliar" los intereses legítimos de los autores a su propiedad intelectual con los derechos de los internautas".

Sin embargo, desde IU, que ha enmendado el proyecto de ley, criticaron que la disposición introduce propuestas "que pueden vulnerar derechos fundamentales". Y el PNV mostró su oposición al método elegido para aprobar la ley Sinde, mediante el procedimiento parlamentario de "competencia legislativa plena" que, según dicen, se usa habitualmente para leyes poco importantes o de amplio consenso. El PNV dijo que rechazará la ley si no logra un acuerdo con el PSOE para modificarla.

Olcese: "Si no hay ley, buscaremos una posición más dura"

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos Culturales anunció ayer que, si la ley Sinde no sale adelante o resulta descafeinada, defenderá ante Bruselas "una posición más dura" y pedirá que se persiga a los usuarios que hagan descargas ilegales, y no solo a las webs que facilitan "esa actividad ilícita", siguiendo el modelo establecido en países como Francia y Reino Unido. Según explicó su presidente Aldo Olcese, que aseguró no tener constancia de ningún pacto entre PSOE y CiU para modificar la ley, la coalición confía en que "el sentido común se imponga" en los grupos parlamentarios y que estos hagan oídos sordos a las asociaciones que defienden las descargas ilegales escudándose en "algo que no tiene nada que ver" como la defensa de la libertad de expresión. Olcese cree que la ley es "absolutamente de mínimos", pero contribuiría de forma "significativa" a proteger la propiedad intelectual.

Concentración

La plataforma Sinderechos ha convocado para hoy una concentración frente al Congreso de los Diputados para expresar su malestar contra la aprobación de ley Sinde, coincidiendo con su aprobación en la Cámara Baja. La convocatoria se produce porque aseguran que "patalear en las redes sociales no es suficiente en un país offline", informó Europa Press. La protesta tendrá lugar a partir de las 9 horas. También hay convocadas movilizaciones en otras ciudades, aún sin fecha.