Conflicto en el espacio aéreo

El Congreso avala prorrogar la alarma, pero pide a Blanco soluciones definitivas

El Gobierno consiguió sacar ayer adelante en el Congreso la prórroga del estado de alarma, decretada ante el colapso de los aeropuertos españoles por el plante de los controladores, hasta el 15 de enero. Pero casi todos los grupos políticos pidieron al ministro de Fomento, José Blanco, que busque soluciones definitivas al conflicto antes de esa fecha.

Esta advertencia no es baladí puesto que si el Gobierno decidiera dentro de un mes volver a pedir al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma tendría serias dificultades para sacarla adelante. El diputado de CiU Pere Macias se lo quiso dejar claro al ministro de Fomento, José Blanco. "Nuestro grupo ya no dará apoyos a nuevas prórrogas". Los nacionalistas vascos consideran que un mes es tiempo más que suficiente para que el Gobierno discipline a los controladores sin tener que cobijarse bajo el estado de alarma. El diputado José Ramón Beloki le recordó a Blanco que ya van seis años de negociaciones y que la declaración del estado de alarma supuso el reconocimiento "de un fracaso político".

Las advertencias de CiU y PNV al Gobierno para que solucione el conflicto no fueron seguidas con tanta contundencia por Coalición Canaria, la formación que respaldó ayer con mayor entusiasmo la prórroga del estado de alarma hasta el 15 de enero por la situación tan singular que sufrieron las islas los pasados días 3 y 4 de diciembre con el plante de los controladores aéreos.

El PP se abstuvo en la votación de la prórroga y por boca de su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, censuró al Gobierno por su "absoluta incompetencia" al perder la "capacidad, la autoridad y el tiempo" para resolver el conflicto con los controladores.

El PP se abstuvo en la votación, tras calificar al Gobierno de "incompetente"

"Al principal partido de la oposición no le queda más remedio que proteger a los ciudadanos de la incompetencia del Gobierno", añadió la diputada, quien censuró las formas elegidas por el Ejecutivo para pedir la prórroga ya que no llega avalada por un informe del Consejo de Estado. Sáenz de Santamaría también urgió al ministro de Fomento a resolver la "negociación laboral" con los controladores de forma urgente, pues consideró un exceso tener que recurrir a medidas de excepción.

Consecuencias demoledoras

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, defendió la prórroga del estado de alarma con el argumento de que la recuperación de la normalidad de la navegación aérea "ni es total ni está plenamente garantizada". En opinión del ministro, "una situación semejante a la sufrida a primeros de diciembre sería realmente catastrófica y sus consecuencias serían demoledoras". La lógica dice que Jáuregui no solo pensaba al pronunciar estas palabras en los ciudadanos perjudicados por la actitud de los controladores, sino también en el propio Gobierno, porque posiblemente supondría su caída.

Para argumentar mejor la actitud del Gabinete, Jáuregui recordó que hasta el 15 de enero que dura la prórroga operarán más de 100.000 vuelos con más de 3,5 millones de viajeros. De ellos, 2,5 millones serán pasajeros de vuelos internacionales.

USCA no ve justificada la ampliación

Los controladores intentaron alimentar los apuros que ayer pasó el Gobierno para justificar la petición de la prórroga del estado de alarma al Congreso. Y lo hicieron presentándose en la Cámara baja con un escrito firmado, según el sindicado USCA, por el 90% del colectivo de trabajadores en el que dejan patente su compromiso de "continuidad de servicio" si el Gobierno levanta el estado de alarma y comienza una negociación laboral. Según los portavoces del sindicato, si con estas buenas intenciones el Ejecutivo insiste en prorrogar el estado de alarma lo hace "sin justificación", dentro de la "anormalidad constitucional" y porque "habrá otros motivos detrás".

"Queremos que quede constancia para darle todavía mayor validez y demostrar nuestra voluntad absoluta de resolver un conflicto que no hemos creado", aseguró el portavoz de USCA, César Cabo, tras advertir "a todos los trabajadores que lo que el Ejecutivo ha hecho con los controladores lo puede hacer con ellos mañana".