Sentencia del Tribunal Constitucional

Vivienda cederá a las comunidades toda la gestión de la ayuda al alquiler

La secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, negociará con las regiones el traspaso a éstas de la gestión de la ayuda al alquiler, tal y como establece una reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

La sentencia responde a un conflicto de competencias que presentó en su día la Comunidad de Madrid. En él el Ejecutivo presidido por Esperanza Aguirre planteó un recurso de inconstitucionalidad por entender que el Estado no era competente para crear la renta básica de emancipación (RBE), más conocida como la ayuda de 210 euros para jóvenes que vivan en alquiler.

El Constitucional avala la creación de esta subvención por parte del Estado, así como su derecho a determinar quiénes tienen derecho a percibirla, pero reconoce que las competencias en materia de gestión y pago de dicha ayuda corresponden a las comunidades. Por ello, la secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció ayer tras la celebración de una reunión con la consejera del ramo de Madrid, Ana Isabel Mariño, que se sentará con las regiones para adaptar los procedimientos de gestión de dicha ayuda a esa sentencia.

Corredor explicó que los procedimientos de gestión están "incorporados a una normativa que gestiona un programa informático válido para toda España" y eso es lo que hay que adaptar. Desde 2008 y hasta el pasado 30 de septiembre más de 252.000 jóvenes se han beneficiado de esta ayuda. Cataluña, Madrid y Andalucía concentran el mayor número de perceptores, con el 47,2% del total.

Rehabilitación

Al margen de la renta básica de emancipación, Corredor y Mariño suscribieron ayer diversos convenios por los que Madrid se convertirá en una de las regiones que más fondos reciba del Estado en 2011 para llevar a cabo su política de vivienda y suelo, con una aportación del ministerio de más de 131 millones de euros.

La secretaria de Estado comprometió 17,4 millones para la rehabilitación de 3.000 viviendas y la construcción de 665 alojamientos protegidos. La declaración de 11 nuevas áreas de rehabilitación está previsto que beneficie a más de 30.000 madrileños, según informaron fuentes regionales. Por último, para 2011 está previsto dar un nuevo impulso a la Operación Campamento.