No es la mejor solución, solo la menos mala

El Gobierno aprobó ayer, en un Consejo de Ministros extraordinario, solicitar al Congreso de los Diputados la prórroga hasta el 15 de enero del estado de alarma que, desde el pasado 4 de diciembre, mantiene militarizado el control aéreo español. El Ejecutivo persigue así garantizar que los ciudadanos puedan viajar con normalidad cuando, con motivo de las festividades navideñas, vuelvan a usar masivamente el avión para desplazarse. El apoyo matizado de CiU y PNV asegura que mañana saldrá adelante la petición del Gobierno al Congreso, aunque algunos grupos minoritarios, como IU y ERC, ya han negado su apoyo a la prórroga.

Ciertamente, no es la mejor solución, pero sí la menos mala. Como contempla la Carta Magna, el estado de alarma supone una alteración del orden constitucional que no debería perdurar en el tiempo. Es una medida con caducidad, por lo que precisa que el Ejecutivo solucione los problemas de fondo con los controladores a la mayor brevedad y, sobre todo, con garantías de duración. Sin embargo, la prioridad es asegurar la normalidad del transporte aéreo en España. No se pueden repetir los sucesos del aciago primer fin de semana de diciembre, y cada vez parece más evidente que el sindicato de controladores USCA no está en condiciones de acreditar la vuelta a la normalidad si se levanta la militarización del servicio. La prórroga del estado de alarma un mes más parece así justificada, por mucho que algunos partidos se empeñen en sacar tajada electoralista del caso.

El cierre del espacio aéreo el puente de la Constitución fue un duro golpe para la imagen de España y, especialmente, para la fiabilidad del turismo, el principal sector de nuestra economía. Air Berlin, que transporta buena parte de los visitantes alemanes a España, declaró ayer que el destino España no da confianza a causa de los controladores. No cabe, pues, asumir el menor riesgo de que se repita un caos semejante. Ni la economía ni los ciudadanos tienen por qué volver a ser rehenes de un colectivo que ha defendido reiteradas veces sus privilegios infringiendo la ley.

El Gobierno, sin embargo, no puede prolongar sine díe el estado de alarma. El problema laboral de los controladores dura años y ya ha causado desórdenes injustificables en un Estado de Derecho. Es evidente que el colectivo no está dispuesto a perder un estatus que le convierte en el mejor pagado de Europa, por eso acierta el ministro de Fomento, José Blanco, al marcar un plazo relativamente corto -el 31 de enero próximo- para cerrar el nuevo convenio.

El conflicto con los controladores ha puesto de manifiesto de nuevo la urgencia de regular el derecho de huelga en los servicios públicos. Una normativa que debe también asegurar a la población frente a actuaciones irresponsables que, fuera del ámbito de una huelga legal, lo que hacen es simple y llanamente atentar contra los ciudadanos.