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Conflicto en el espacio aéreo

El Gobierno admite la dificultad de gestionar el castigo a los controladores

La fiesta de la Constitución se convirtió en el Congreso en un hervidero de comentarios sobre el conflicto provocado por los controladores. El Gobierno tiene claro que éstos "no se irán de rositas", pero fuera de micrófonos admite la dificultad de gestionar las responsabilidades en que pudiera haber incurrido este colectivo cuando, hoy por hoy, sus trabajadores siguen siendo imprescindibles en las torres de control.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, rompió ayer tres días de silencio sobre este conflicto para comentar que fue un acierto encomendar su gestión a Alfredo Pérez Rubalcaba, confiar en que no se vuelva a repetir y esperar que si esto ocurre el Gobierno tenga más capacidad de reacción. A juicio de Zapatero, la declaración del estado de alarma dio "los resultados deseados, que eran restituir la normalidad en una grave crisis del sistema aeroportuario en menos de 24 horas". El presidente eludió confirmar si el Ejecutivo piensa prorrogar o no el estado de alarma más allá de los 15 días que marca la ley, pues es una decisión que se tomará "dependiendo de cómo evolucionen los acontecimientos" y en función también "de la opinión del conjunto de los grupos parlamentarios". El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, opinó ayer que los 15 días de alarma que establece el decreto aprobado el viernes son bastantes y que serán las Cortes las que decidan sobre una posible ampliación. En todo caso, dejó claro que esta situación se mantendrá hasta que se garantice que no va a volver a darse un conflicto de similar naturaleza.

Hoy mismo, la Junta de Portavoces del Congreso decidirá la forma en que se encauza la comparecencia del jueves de Zapatero ante el Congreso, que tiene como objetivo la explicación a los ciudadanos de los antecedentes de la crisis y de cómo se gestionó desde el Gobierno. Zapatero dio a entender ayer que el protocolo funcionó correctamente.

"No se irán de rositas"

Más allá de las declaraciones de manual, en el Gobierno se reconoce la dificultad de gestionar un conflicto a posteriori en el que la opinión pública exige mayoritariamente que se sancione con dureza la actitud de los controladores pero, al mismo tiempo, no se puede prescindir de ellos en sus lugares de trabajo. "Los controladores no se van a ir de rositas, pero ahora lo prioritario es garantizar la normalidad en los aeropuertos y medir bien el sentido de la oportunidad", dijo un miembro del Gobierno en uno de los corrillos que ayer se formaron en el Congreso. El propio ministro de Fomento, José Blanco, habló de "pasar página" en la negociación pendiente del convenio colectivo de los controladores y diferenció bien entre "la profesionalidad de la mayoría de este colectivo" y la irresponsabilidad de algunos dirigentes sindicales "que condicionan su actitud". Fomento trabaja ya en una normativa que obligará por ley a los controladores a habilitar a los nuevos profesionales que se vayan a incorporar en el futuro. De esta forma, se busca no tener las manos atadas ante un futuro conflicto.

Blanco se esforzó ayer también en convencer a los periodistas de la dificultad de prevenir un plante tan salvaje como el que llevaron a cabo los controladores a partir de las cinco de la tarde del viernes. Según explicó el ministro, justamente cuando se conocieron las intenciones de los controladores gallegos de dar por concluido su calendario laboral anual en estas fechas y ante el riesgo de que tal actitud se extendiera al resto de las torres de control, fue cuando planteó al Consejo de Ministros la necesidad de regular por decreto su horario laboral, sin descartar ya entonces la militarización de este servicio.

Zapatero abordó ayer brevemente con el líder del PP, Mariano Rajoy, el problema de los controladores y desveló que ya el pasado viernes, cuando se puso en contacto con él para hablar del conflicto, este último le deseó que tuviera "buena mano" para gestionarlo.

El PP criticará mañana la incapacidad que, a su juicio, ha demostrado el Gobierno para prevenir un caos como el que se vivió el fin de semana.

Salgado no prevé que influya en los mercados

La crisis aeroportuaria no pasará factura a España en los mercados. æpermil;sta es la tesis que mantuvo ayer en el Congreso la vicepresidenta económica, Elena Salgado, quien recordó que el cierre del espacio aéreo español ha durado "solo 24 horas". En comentarios informales con los periodistas, Salgado dijo ayer que preveía una cierta tregua para España en los mercados.José Luis Rodríguez Zapatero informó que el pasado sábado, en plena crisis aeroportuaria, sostuvo una multiconferencia con los líderes miembros del Eurogrupo para hacer balance de las últimas turbulencias financieras. El presidente señaló que la suspensión de su viaje a la cumbre iberoamericana obedeció a estas turbulencias y no a las noticias que pudiera tener por anticipado de lo que se avecinaba en los aeropuertos.

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