La fiscalía y AENA investigarán a medio millar de empleados

La fiscalía, por la vía penal, investigará "caso por caso" a unos 500 controladores, una cifra similar al número de expedientes disciplinarios abiertos por AENA, que también estudiará cada situación particular para determinar si ha habido alguna falta y, en su caso, establecer la gravedad de la sanción.

Ayer, durante la celebración en el Congreso del aniversario de la Constitución, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó que están abiertas la vía penal y la administrativa, con sanciones que van desde la suspensión de empleo hasta la pérdida de la licencia de controlador.

En esta materia incidió el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien confirmó que la fiscalía comenzará el jueves a tomar declaración a los controladores. Según ha dicho, todos los casos se seguirán por la vía ordinaria y no por la militar, dado que no se tiene constancia de ningún supuesto punible después de que el Gobierno decidiera militarizar el control aéreo español en la noche del viernes.

Con arreglo a la ley vigente, los controladores pueden ser condenados a penas que oscilan entre los tres meses y los tres años de cárcel, para los casos más leves, y de tres a ocho años en los más graves.

Ayer también algún miembro del Ejecutivo admitió que puede ser discutible la aplicación del contenido de la ley de 1981 que regula el estado de alarma. No obstante, se mostró convencido de que el Gobierno ganará el caso si la decisión es impugnada en los tribunales.

Unos 170 militares

El Ministerio de Defensa mantiene alrededor de 170 efectivos militares, distribuidos en las 43 dependencias de control del tráfico aéreo de los aeropuertos españoles, dentro del dispositivo dispuesto por el Gobierno para la dirección y supervisión del tráfico.