Campaña de pensiones

Cirugía preventiva para el sistema de pensiones

El sistema público es sólido pero el Congreso ultima su reforma para asegurar su viabilidad en el futuro.

La cartera que Celestino Corbacho le pasó a Valeriano Gómez, cuando éste tomó posesión como ministro de Trabajo, no estaba precisamente vacía. De su contenido, muchos han destacado la nueva normativa laboral por el hecho de que Gómez acudiera a la manifestación que los sindicatos organizaron en su contra. Es probable, no obstante, que éste no sea el reto más incómodo para el nuevo titular, teniendo en cuenta que él mismo colaboró en el diseño de dicha norma. Desempleo aparte, si hay un melón abierto en el legado que deja Corbacho a Gómez es el de reformar el sistema público de pensiones. Un proyecto que le han encargado abordar de aquí a Navidad, pese a que las líneas maestras pintadas por el Gobierno no convencen del todo a nadie.

La agenda, no obstante, no la marca Gómez. La Comisión del Pacto de Toledo, conformada por los distintos partidos políticos, lleva dos años entrevistando a expertos en la materia sin haber logrado emitir un veredicto. æpermil;ste se espera para diciembre, pero por lo pronto sus miembros ya han reclamado otra comparecencia, la del nuevo ministro. Dado que el Gobierno ha garantizado que será la propia Comisión quien tenga la última palabra, el proceso promete alargarse hasta ya entrado 2011.

Aunque el sistema de pensiones goza hoy día de buena salud, expertos, políticos y agentes sociales coinciden en que para asegurar su permanencia en el tiempo sería necesario acometer algunos cambios. Una suerte de cirugía preventiva que bien podría cambiar toda la faz del modelo actual. Por eso, conviene conocer el sistema vigente y los distintos bisturíes que se han ido depositando en la mesa del quirófano.

En la actualidad, los españoles se jubilan de media a los 63,8 años y con una pensión por el 84% de su último sueldo neto

1El reto demográfico. Si hay un fenómeno que obliga a modificar el actual modelo de pensiones públicas es el envejecimiento de la población española. El descenso de la natalidad y el incremento de la esperanza de vida amenazan con dar la vuelta a un sistema en que los trabajadores no pagan sus jubilaciones, sino las de quienes se retiran mientras ellos están empleados. Un pacto generacional que, si no se dan grandes cambios, comenzará a correr peligro en la década de 2020. Será entonces cuando empiecen a jubilarse masivamente los hijos del baby boom, que, a su vez, han dejado menos descendencia.

2Un nuevo jubilado que cobra más. El proceso, además, se va encareciendo progresivamente. Cada mes, el colectivo de jubilados presenta un número de altas superior al de bajas. En 2009 accedieron a la pensión 287.904 personas, pero sólo 244.146 dejaron de cobrarla. Además, estos últimos percibían una renta media menor, de 808 euros mensuales. Los nuevos jubilados, en cambio, entran cobrando un 37% más, 1.110 euros al mes. Es decir, cada vez más jubilados con mejores pensiones. Un hecho que se convierte en un problema cuando, a la par, se da una reducción del número de trabajadores que cubre la pensión de cada jubilado. Hoy día la proporción es de 2,5 afiliados por pensionista, frente a los 2,7 de 2007. Además, si se restan los parados por los que el Estado sigue cotizando, la proporción cae a 1,8. Dejando aparte que la crisis de empleo podría acelerar el proceso, si no se da un gran cambio social, como una gran llegada de inmigrantes, la evolución demográfica antes referida hará insostenible el sistema en unos 20 años.

3Retirarse a los 65 o a los 67 años. Es este conjunto de síntomas el que ha llevado al Gobierno a poner sobre la mesa una reforma con algunos de los cambios más radicales posibles. Destaca el de elevar la edad de jubilación. Hoy por hoy, ésta se sitúa en los 65 años. Pese a ello, casi el 42% de los españoles se retiran antes. De hecho, la media se sitúa en los 63,8 años. De ahí que el Ejecutivo plantee elevar dos años la edad mínima de jubilación, lo que aumentaría el número de años que la gente pasa cotizando, a la vez que reduciría el tiempo que perciben la pensión.

Semejante transformación sería progresiva (ver tabla), como lo está siendo ya en Alemania, donde pasará de 65 a 67 años. En España, no obstante, esta medida es la que más objeciones y críticas ha generado, especialmente entre los sindicatos. æpermil;stos han llevado a cabo diversas movilizaciones en contra, incluida la huelga general del 29-S. Las protestas no alcanzan, sin embargo, el cariz que han tomado en Francia, donde el proyecto de Nicolas Sarkozy de llevar la edad de jubilación de los 63 a los 65 años ha generado una ola de protestas y huelgas.

4Periodo de cálculo. Entre los grandes cambios que el Ejecutivo ha incluido en su plan de reforma se incluye también el de ampliar el periodo de cálculo de la pensión más allá de los actuales 15 últimos años de vida laboral. Aunque en un primer momento el Gobierno no quiso concretar más, el Ministerio de Economía envió luego a Bruselas un plan de ajuste que incluía llevar este periodo hasta 25 años. Pese a todo, la cifra que finalmente se está barajando es la de tomar los últimos 20 años. En otros países se llega a tomar en cuenta la vida laboral completa.

Normalmente, el efecto que tiene la ampliación del periodo sobre el que se calcula la pensión es una rebaja en la cuantía que se percibe. En la mayoría de los casos, el salario del trabajador aumenta progresivamente a lo largo de toda su carrera profesional, con lo que establecer su renta tomando los últimos años le resulta más beneficioso. Bien es cierto, no obstante, que un cambio así ayudaría a aquellos empleados que, como ha ocurrido a menudo a lo largo de la actual crisis, pierden su puesto de trabajo a una edad avanzada. Al ver cercenada su cotización en medio del periodo que se toma como referencia para calcular la pensión, ésta puede verse seriamente mermada. Un incidente que se vería compensado en parte si el plazo que se toma es mayor.

5Tasa de reposición del salario. Por otra parte, con el actual sistema de cálculo, la tasa de reposición del trabajador español es una de las más altas de la OCDE. En concreto, el jubilado medio español recibe como pensión un 84,45% de su último sueldo neto. En EE UU, este porcentaje se reduce al 52,4%; en Alemania, al 58%; en Francia, al 63%, y en Italia, al 77,9%, por poner algunos ejemplos. Ocurre, sin embargo, que en otros Estados la proporción es aún mayor. Ocurre así en Dinamarca, donde se percibe un 86,7% del último salario, o Austria, donde llega al 90%.

El próximo año, esta dinámica se traducirá en un gasto en pensiones equivalente a un 10% del PIB español, a repartir entre ocho millones de pensionistas, de los que cinco reciben rentas de jubilación. Aun así, el porcentaje del gasto no resulta tan elevado como el de otros socios comunitarios como Italia, que gasta cerca del 15% de su PIB en pensiones, o Francia, que se deja más del 13%.

6Cuantía de las bases de cotización. Para alimentar el sistema, en España hay establecida una serie de tramos salariales, en función de la categoría profesional, de los que se recauda un 28,3%. Así, la base mínima parte de los 738 euros al mes para un auxiliar administrativo, o de 1.031,7 euros para un licenciado universitario. En ambos casos, sin embargo, la franja máxima está en 3.198 euros. Un debate recurrente en el ámbito de las pensiones es si ampliar el tope máximo, ya que la cotización es la misma para quien cobre 3.500 euros al mes que para quien reciba 100.000. Si se hiciera, no obstante, también habría que ampliar la pensión máxima que puede recibir, para adecuarla a su cotización final. El problema ahí es que una pensión pública a la carta, cotizando más para cobrar más, terminaría ahogando al sector privado.

7No a las prejubilaciones sistemáticas. Una de las ideas que el ministro de Trabajo saliente, Celestino Corbacho, defendió con más ahínco al presentar la reforma de las pensiones es la de acabar con las prejubilaciones en empresas con beneficios. En muchas compañías resulta común despedir a los trabajadores con más edad, a cambio de cubrir sus cuotas durante un tiempo en una especie de periodo puente hasta que el trabajador pueda acogerse a la pensión de jubilación. Un proceso que se aplica hoy día a personas de 52 años en adelante, sacándolos muy tempranamente del mercado laboral. La nueva normativa podría limitar esta práctica.

8Jubilación anticipada e incentivos. En realidad, cualquier persona tiene la posibilidad de jubilarse al cumplir los 61 años -60 años si han cotizado antes de 1969-, a cambio de ver penalizada la pensión que recibe. La reducción es del 7,5% (del 6% si ha cotizado más de 40 años) por cada año que adelante la jubilación a los 65 años. Del otro lado, para aquellos que prefieran seguir trabajando más allá de dicha edad, habrá una bonificación del 2% (del 3% si han trabajado más de cuatro décadas) por cada año extra.

Entre las alternativas -y medidas complementarias- que se barajan a la ampliación de la edad de jubilación, está la de aumentar los coeficientes de reducción que se ejercen sobre quienes se jubilan anticipadamente, y la de aumentar los incentivos que se ofrecen a quien permanece en el mercado laboral. Dos medidas que, según fuente sindicales, tendrían un éxito superior al de tocar la edad legal.

¿Cuánto me queda de pensión?

Existe una fórmula que resulta fundamental para realizar el cálculo de la pensión de jubilación que uno ha generado. Consiste en dividir la base de cotización de los últimos 15 años trabajados (se multiplica la franja salarial por 180 meses) entre 210. El resultado es la pensión máxima a la que se tiene derecho. Obtenerla entera dependerá del número de años cotizados. Si se ha trabajado el mínimo, 15 años, el beneficiario obtendría el 50% de la pensión, y un 3% más por cada año de vida laboral, hasta alcanzar el 100% si se cumplen 35 años cotizados.

Un trabajador que en sus últimos 15 años en activo cotice por una base de 2.000 euros, deberá multiplicar esta cantidad por los 180 meses correspondientes y dividirla entre 210. El resultado serían 1.714 euros. Cifra que obtendrá mensualmente si ha cotizado durante 35 años o más. Si su vida laboral fuera de 30 años, por ejemplo, sólo obtendría el 90%, unos 1.542 euros.

Otra posibilidad es visitar la página web de la Seguridad Social que ofrece un programa (https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ ServiciosenLinea/Ciudadanos/231479) que permite realizar un cálculo a medida introduciendo todas las variables.