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Presupuestos generales

El Ejecutivo aprueba hoy las cuentas más austeras de la democracia

El Consejo de Ministros aprueba hoy el anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, los terceros de una legislatura marcada por la recesión económica. Obligará al Ejecutivo a presentar unas cuentas públicas en las que se incluirá una subida del IRPF, bajo la sombra de la primera huelga general convocada contra José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de unos presupuestos elaborados en un contexto en el que se percibe la salida de la recesión, aunque el paro sigue por encima del 20% de la población activa y el déficit supera el 11% del PIB.

De hecho, el saldo negativo entre ingresos y gastos se ha convertido en la mayor preocupación del Gobierno ante las exigencias de Bruselas, lo que le ha llevado a incluir en los presupuestos la segunda gran subida fiscal que pone en marcha desde que llegara al poder.

Tras el alza del IVA, en vigor desde el 1 de julio, el Ejecutivo está dispuesto a crear uno o más tipos del IRPF para gravar a las rentas superiores a los 120.000 euros. Aunque todavía no ha detallado los términos del ajuste, el Ejecutivo ha dejado claro que el fin no es incrementar la recaudación, sino un reparto más equitativo de los esfuerzos para salir de la crisis.

En ese escenario, Elena Salgado presentará las cuentas públicas más austeras de la democracia, marcadas por una caída del gasto no financiero del 7,7% hasta los 122.256 millones de euros, y por unos ingresos que se situarán en 104.539 millones de euros.

Como consecuencia de estas cifras, el Estado ha presupuestado, por tercera vez en ocho años, unas cuentas públicas con déficit, que supondrán un saldo negativo para la Administración Central del 2,3% del PIB, del 3,3% para las comunidades y del 0,8% para las entidades locales, que serán compensados parcialmente por el superávit de la Seguridad Social, que se situará en el 0,4%.

Ayuntamientos

El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, confirmó ayer que los presupuestos contendrán una partida de transferencias financieras de 1.200 millones de euros para los ayuntamientos, lo que supone un incremento del 9% respecto al ejercicio anterior.

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