EDITORIAL

Facilitar las finanzas locales

La vicepresidenta Elena Salgado desveló ayer que el Gobierno suavizará la dura medida adoptada en mayo para prohibir a los ayuntamientos endeudarse en 2011 a plazos mayores de 12 meses. Según anunció en el Congreso, aquellas corporaciones cuyo apalancamiento no supere el 75% de los ingresos podrán pedir créditos a largo plazo hasta ese tope, siempre que utilicen los fondos en inversiones y no para gastos corrientes. Además, aumentará su dotación presupuestaria un 9%.

Admite así Salgado las peticiones de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) que, acertadamente, solicitó que se discriminase entre los municipios que cumplen y los que no. Algo que está justificado. No es de rigor que aquellos con finanzas saneadas paguen los excesos de los manirrotos. Salgado calcula que se beneficiarán tres de cada cuatro ayuntamientos, pues las grandes ciudades superan estos niveles de deuda. Y aquí ha centrado sus críticas el PP, que descalifica la decisión del Gobierno acusándolo de abandonar a las grandes corporaciones a su suerte.

No tiene razón la oposición en tal crítica. Como se ha apresurado a matizar el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, las restricciones crediticias a largo plazo no les afectan, pues su ayuntamiento ha tenido meses para acudir a las entidades financieras y conseguir la suficiente financiación a largo plazo con el fin de afrontar las inversiones del próximo año. Es de suponer que el resto de grandes ciudades hayan hecho lo mismo. De no ser así habrían incurrido en una flagrante negligencia. Y más porque el Gobierno ya rectificó, cuando presentó la medida el pasado mayo, en su intención inicial de implantarla con carácter inmediato. Entonces comprendió que las quejas de los ayuntamientos estaban justificadas, pues aplicarla de pronto hubiese supuesto un estrangulamiento para los más grandes.

Tampoco tiene razón el PP, al menos en esta ocasión, cuando alega improvisación del Gobierno, una vez que éste decidió dar un plazo para la aplicación de la medida. Cuando en mayo se aprobó ésta, las circunstancias eran muy distintas a las actuales y la hecatombe financiera que amenazaba las cuentas públicas justificó la adopción de medidas prontas y drásticas. Hoy, las tensiones se han suavizado. Además, la recaudación presupuestaria tras la subida del IVA hace presagiar ingresos suficientes en 2011 para relajar el duro ajuste fiscal que tenía a los ayuntamientos entre sus principales paganos.

En lo que sí aciertan los populares es en su demanda al Gobierno para que acelere la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que regula las competencias de los ayuntamientos, y la Ley de Haciendas Locales, que aborda la financiación para cubrir esas competencias. Este retraso constituye el verdadero e insoportable cuello de botella de la financiación local.