El Congreso aprueba la reforma laboral con los votos del PSOE y la abstención de PNV y CiU

La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó hoy con el único voto a favor del PSOE el proyecto de Ley que reforma el mercado de trabajo, al que se han añadido 33 enmiendas que incluyen la posibilidad de despidos por pérdidas previstas o por la disminución persistente de los ingresos.

El proyecto de Ley enmendado sólo recibió el apoyo del PSOE, en tanto que CiU y PNV se abstuvieron, y PP y ERC-ICV-IU y el Grupo Mixto votaron en contra.

Al actuar con competencia legislativa plena, no es necesario que el texto sea ratificado en el pleno, con lo que se envía directamente al Senado.

Todos los portavoces parlamentarios lamentaron la forma en la que se ha desarrollado la tramitación parlamentaria de la norma, en particular por las negociaciones de última hora promovidas por el PSOE y por la falta de tiempo para estudiar las enmiendas resultantes.

Los grupos apoyaron enmiendas puntuales, pero ninguno aparte del socialista votó "sí" al proyecto en su conjunto.

El portavoz del PP en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, José Ignacio Echániz, anunció el voto en contra del PP al texto resultante de un proceso que calificó como "improvisado, caótico e histérico".

A su juicio, es de la "máxima irresponsabilidad" que el grupo socialista haya promovido este procedimiento "en un texto de tanta delicadeza".

El representante de IU-ICV, Gaspar Llamazares, lamentó que el trámite parlamentario "no haya servido ni para prestigiar la actividad parlamentaria, ni para mejorar un texto que a su juicio "sigue manteniendo la precariedad".

Por parte del PNV, el diputado Emilio Olabarría, admitió que no se sabe si esta reforma será "buena, mala o regular" con respecto a la actual legislación, aunque agradeció "las aproximaciones" del PSOE sobre las causas del despido objetivo.

Socialistas y vascos pactaron a última hora una enmienda por la que se concretan las causas económicas para el despido objetivo, incluyendo la previsión de pérdidas a futuro o la disminución persistente de los ingresos que puedan poner en riesgo la viabilidad de la empresa o su capacidad para mantener el volumen de empleo.

El diputado de CiU Carles Campuzano, consideró que el trámite parlamentario supuso un "acto fallido" y reconoció que "nadie se va a ir satisfecho", ya que "cuestiones fundamentales quedan aparcadas" y "la aspiración de lanzar un mensaje de confianza, difícilmente se va a producir".

Por todo ello, la portavoz del grupo mixto Olaia Fernández, reafirmó su convicción de que el proceso de negociación parlamentaria debería haberse aplazado a septiembre con el fin de abordarlo con calma, tal y como solicitó sin éxito su grupo junto a ERC e IU-ICV.

A pesar de que las críticas habían sido generales, el diputado socialista Jesús Membrado centró su respuesta en el PP, al que recordó que el trámite de urgencia para votar el proyecto de ley fue aprobado por mayoría, incluyendo a los populares.

Tachó la actitud del PP de "pantomima" y afirmó que si no ha habido acuerdo con el principal grupo de la oposición ha sido por los "intereses partidarios" de esta formación.

Acuerdo PSOE-PNV

El Grupo Socialista alcanzó un acuerdo con el PNV para endurecer su propuesta para concretar las causas que permiten acogerse al despido objetivo por causas económicas con 20 días de indemnización, que, aunque incluye los supuestos de existencia de pérdidas "actuales", una disminución "persistente" de beneficios, los condiciona a que "puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo".

El texto de la enmienda transaccional presentado al proyecto de ley de reforma laboral señala además que la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la "razonabilidad" de la decisión extintiva para "preservar o favorecer" su posición competitiva en el mercado.

Asimismo, el PSOE y el PNV aceptan reformar el Estatuto de los Trabajadores para que en aquellas empresas en que no haya representación legal de los trabajadores, éstos podrán atribuir su representación para la negociación del acuerdo a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente.

También podrán asignarlos a una comisión de igual número de componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresas y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo.

Agilizar las altas médicas

El PSOE presentó un total de 20 enmiendas a todos los grupos, en gran parte de carácter técnico, aunque en ellas, el PSOE asume la petición de CiU de reformar la prestación por desempleo para mejorar su vinculación a las políticas activas de empleo cuando el empleo inicie su recuperación.

Asimismo, acepta emprender en seis meses reforma de la negociación colectiva, eso sí, en acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales, revisando los mecanismos de articulación para adaptarlos a las necesidades de las trabajadores. Además, admite lanzar un plan para recolocar desempleados de la construcción.

Asimismo, contempla que los inspectores de la Seguridad Social tengan un mayor control sobre los procesos de incapacidad temporal, de manera que podrán emitir un alta médica y serán los únicos competentes, "a través de sus propios médicos" para emitir una nueva baja médica si la situación se produce en un plazo de ciento ochenta días siguientes y deriva de la misma o similar patología. El objeto de esta medida es "evitar una prolongación innecesaria de las bajas".

Se rebaja el umbral de absentismo

Además, los socialistas han aceptado modificar las consideraciones que justifican el despido por motivos de absentismo laboral, que la ley fija el límite en el 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos, o el 25% a lo largo de cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año, aunque en relación con una media de la plantilla que los socialistas plantean rebajar ahora del 5% al 2,5%.

Asimismo, mantiene que cuando el trabajador alegue que la utilización del procedimiento de despido objetivo no se ajuste al derecho porque la causa real del despido es disciplinaria, corresponderá al mismo la carga de la preuba sobre esta cuestión.