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Trabajo se reúne para sacar la reforma laboral

IU ve permeable al Gobierno para modificar la financiación por el Fogasa de los despidos improcedentes

El Fondo de Garantía Salarial no puede cubrir parte de las indemnizaciones derivadas de los despidos improcedentes. Este ha sido el criterio trasladado esta mañana por Izquierda Unida al Gobierno dentro de las reuniones que Trabajo sigue manteniendo con las fuerzas políticas para sacar mañana adelante la reforma laboral.

El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha trasladado al Gobierno dos alternativas: o la supresión de la disposición transitoria tercera de la ley en la que se prevé la financiación por parte del Fondo de Garantía Salarial de parte de las indemnizaciones procedentes de despidos improcedentes o un nuevo redactado a la misma.

En este nuevo redactado, IU admite la posibilidad de que en la rescisión de los contratos de carácter indefinido ordinarios celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma, una parte de la indemnización que corresponda al trabajador sea abonada directamente por el Fogasa en una cantidad equivalente a ocho días de salario por año de servicio, siempre que el contrato se extinga por causas objetivas y no se declare o reconozca su improcedencia.

Gaspar Llamazares considera que el Estado no está en condiciones de financiar más de 100.000 despidos que se reconocen como improcedentes todos los años. En esta misma sintonía opera la opinión de los sindicatos, pues se considera que si se procediera de esta manera se perdería de alguna forma el papel disuasorio que deben jugar las indemnizaciones en las extinciones de los contratos.

IU, que votará en contra del dictamen que mañana jueves aprobará la comisión de Trabajo del Congreso, también ha trasladado al Gobierno su oposición a que se facilite el despido por causa de absentismo laboral. En una enmienda que baraja el PSOE se plantea rebajar del 5% al 3% el porcentaje de absentismo que tendría que darse en el global de la plantilla de una empresa para que pudiera procederse a los despidos individuales por esta misma causa. Esta tesis concita el respaldo del PP, CiU y Coalición Canaria y el rechazo firme de los sindicatos.

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