Los jueces dilucidan si la 'acción de oro' en PT es impuesta o voluntaria
Todas las miradas están puestas en el Tribunal de Justicia de la UE. Quedan menos de 24 horas para que se conozca la sentencia que determinará si Portugal tiene derecho a usar la acción de oro o si su intervención en la junta de PT para vetar la venta de Vivo a Telefónica fue ilegal. Portugal esgrime que la golden share fue voluntariamente adoptada por PT. Los jueces tendrán que decidirlo.
El Tribunal de la UE resolverá mañana si la acción de oro de Portugal Telecom fue adoptada de forma voluntaria por la compañía, como defiende el Gobierno de José Sócrates, o impuesta por el Estado portugués, como acusa la Comisión Europea.
El informe preliminar de la sentencia avala las tesis de Bruselas, lo que confirmaría la ilegalidad del veto ejercido por Lisboa en la oferta de compra de Telefónica sobre Vivo, filial brasileña de telefonía móvil propiedad de la operadora española y de PT.
Pero si los jueces se desmarcan del informe del abogado general, Paolo Mengozzi, una circunstancia poco frecuente pero que se produce en uno de cada cinco casos, la suerte de la oferta de Telefónica puede quedar definitivamente en el aire, al menos desde el punto de vista jurídico.
A priori, la jurisprudencia se decanta a favor de la Comisión y, en consecuencia, de los intereses de Telefónica, porque los jueces comunitarios han rechazado siempre, salvo en el caso de Bélgica, la existencia de acciones de oro en manos de los diferentes Estados.
Pero la defensa planteada por Portugal niega la mayor, lo que abre una incógnita sobre el veredicto de los jueces en el caso de Portugal Telecom.
Durante todo el proceso, iniciado en abril de 2008, Lisboa ha asegurado que "la creación de las acciones privilegiadas controvertidas no puede imputarse a la República portuguesa", sino que emana de manera voluntaria de los estatutos de la propia operadora.
El abogado general admite ese extremo, aunque recuerda que en el momento de la aprobación de los estatutos de la compañía, el Estado portugués poseía el 54,2% del capital de PT. Por eso, a Mengozzi le "parece imposible afirmar que la creación de las acciones privilegiadas pueda imputarse exclusivamente a la voluntad de Portugal Telecom".
Pero existe la posibilidad de que la tesis lusa se imponga e incline todo el proceso, aunque sea de forma pírrica, a favor del Gobierno de Sócrates.
La prueba de ese riesgo es que el abogado general dedica varios párrafos de su dictamen, con signos de exclamación incluidos, para alertar a los jueces sobre el peligro de aceptar los argumentos de Lisboa. Y el propio Sócrates, en la entrevista concedida a El País el pasado domingo, se atrincheraba tras el carácter supuestamente privado del acuerdo de los accionistas de PT para conceder derechos especiales a las 500 acciones del Estado portugués en la compañía.
Mengozzi, en la opinión emitida el pasado 2 de diciembre y que servirá de base para la sentencia de mañana, advierte a los jueces que la validación de la tesis portuguesa "comprometería ampliamente la eficacia de la prohibición de restringir la libre circulación de capitales". El jurista del Tribunal cree que el precedente portugués "equivaldría a brindar a los Estados miembros los medios de eludir dichas reglas".
Sócrates, en cambio, en la citada entrevista, atribuye la obsesión de Bruselas contra la presencia del Estado en empresas privadas a "posiciones ideológicas ultraliberales". Y subraya que desde la adopción de los estatutos de PT en 1995 no recuerda "que nadie presentara nunca en la asamblea una propuesta para modificarlos".
El resto de argumentos de Lisboa para defender su posibilidad de intervención en una compañía privada son los habituales en estos caso y el abogado general, y probablemente el Tribunal, los despacha con bastante displicencia.
Portugal invoca desde la necesidad de "salvaguardar la prestación de servicios de telecomunicaciones en situaciones de crisis, guerra, terrorismo, riesgos naturales u otras amenazas nuevas" hasta el interés por "garantizar cierto grado de competencia en el mercado de las telecomunicaciones". El abogado general rechaza ese último motivo porque supondría "justificar un incumplimiento del Derecho comunitario mediante un nuevo incumplimiento del mismo".
Mozambique
La lucha por el control de Vivo y la interferencia del Gobierno portugués no han alterado los planes de expansión de Portugal Telecom. La operadora está entre las tres empresas que participarán en la licitación para convertirse en la tercera compañía de móvil de Mozambique, tras pasar a la segunda fase del proceso. El anuncio lo realizó Américo Muchanga, director general de Instituto Nacional de Comunicaciones del país, quien adelantó que las propuestas técnicas se estudiarán durante dos meses y que luego llegará el turno de hacer la propuesta financiera. Además de Brasil, PT también tiene presencia en Angola, Namibia o Cabo Verde.
El BES deja la iniciativa en manos del Gobierno
Poco a poco, los accionistas portugueses de Portugal Telecom que votaron a favor de Telefónica van dando la cara y explicando sus posiciones. El Banco Espírito Santo (BES) fue el primero en hacerlo, el mismo día de la junta de accionistas que aprobó la venta de Vivo. Ayer reafirmó su postura.En una entrevista con el diario Público, Ricardo Salgado, presidente del BES, fue contundente a la hora de encontrar un culpable para su decisión. Fue Telefónica la que les forzó a respaldar su oferta, pero no porque el precio fuera bueno, sino "para evitar un mal mayor"."Fue por una larga trayectoria de una alianza que estuvo sistemáticamente afectada por el comportamiento inaceptable de uno de los socios", explica. La amenaza de una opa hostil les hizo decantarse por el respaldo a la venta de Vivo, porque las consecuencias del rechazo podrían haber sido peores, añade. El directivo recuerda, además, que el dinero de la oferta no era para los accionistas, sino para PT.Ahora, Salgado dice que es el Gobierno el que tiene que asumir el resultado de aplicar la acción de oro y decidir cómo asume el proceso, sobre todo cuando se conozca la sentencia de la UE.El presidente del BES reconoce que el ejercicio de la golden share por parte del Gobierno les cogió totalmente por sorpresa "y al consejo de administración también, porque siempre dijeron que no se podía usar en este caso".Ese mismo argumento le sirve para justificar que no se hablara con el Gobierno. "No tuvimos contactos porque no había razones para hacerlo, porque no estaba prevista la golden share". Por eso, Salgado interpretó que las declaraciones que hizo el Ejecutivo sobre su posible uso en el mes de mayo se referían al caso de una opa hostil.
