Reforma del mercado laboral

El Gobierno generaliza el despido con 33 días y la subvención de ocho dias de indemnización

El Gobierno ha decidido finalmente extender sin excepciones el contrato con 33 días de indemnización por año trabajado en caso de despido improcedente dentro del decreto ley de la reforma laboral que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros y que será tramitado como proyecto de ley en el Congreso. En el borrador publicado el pasado viernes, el Ejecutivo dejaba al margen de este modelo de contrato al colectivo de hombres de entre 31 a 44 años con menos de tres meses en el paro. Es una reforma "sustancial y de las más importantes que se ha aprobado en nuestro país", ha destacado el titular de Trabajo, Celestino Corbacho.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, escucha la intervención del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, durante la rueda de prensa que han ofrecido tras el Consejo de Ministros que ha aprobado el decreto de reforma laboral.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, escucha la intervención del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, durante la rueda de prensa que han ofrecido tras el Consejo de Ministros que ha aprobado el decreto de reforma laboral.

Corbacho rechazó que la idea sea universalizar este tipo de contrato porque, recordó, se mantienen los derechos adquiridos en el contrato indefinido ordinario -45 días de indemnización- y la reforma no tiene efectos retroactivos.

El Gobierno también ha extendido el pago por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa, generado con cotizaciones empresariales) de ocho días por año en caso de extinción de contrato a todos los nuevos contratos indefinidos que se creen a partir de ahora, cuando el viernes limitaba este copago a los de 33 días.

El decreto sobre reforma laboral aprobado hoy por el Consejo de Ministros entrará mañana en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estados (BOE) y, según avanzó en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ya incluye algunas de las aportaciones que los Grupos Parlamentarios han trasladado al Ejecutivo en las reuniones mantenidas en las últimas horas.

En rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, De la Vega indicó que, además de los nuevos "criterios" incluidos ya en el documento, el texto sufrirá nuevos cambios "al transformarse en proyecto de Ley", tal y como está previsto de cara a su tramitación en parlamentaria.

Según dijo, la voluntad del Gobierno sigue siendo alcanzar el mayor grado de consenso en torno a la reforma laboral, y, en este sentido, insistió en que "si el texto no cuenta con la rúbrica de los agentes sociales, sí cuenta con el espíritu de sus aportaciones", conjuga los intereses de empresarios y sindicatos y es "equilibrado".

El despido como última opción

Según aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno, el decreto "ambiciona que el despido sea la última opción y que nunca sea la más fácil". Por el contrario, indicó que la reforma laboral, "la más importante de los últimos 20 años", tratará de reducir la temporalidad excesiva y dotará de "más estabilidad al empleo".

Además, precisó que el decreto persigue permitir adaptar las condiciones de trabajo, "también las salariales", a la situación económica, y clarifica las causas del despido por motivos económico, técnico o de producción, mientras que se mantienen las indemnizaciones que actualmente se perciben.

Con esta reforma "ambiciosa, sustantiva y de calado" el Gobierno trata de lograr que la recuperación se traduzca "en más y mejor empleo", en mayor estabilidad laboral, en una mayor "flexibilidad" y en un aumento de productividad y la competitividad", añadió De la Vega.

"Afrontamos la reforma laboral desde la iniciativa y la convicción de su necesidad, desde la responsabilidad, que no eludimos ni diluimos, así como desde el diálogo", concluyó.

Corbacho confirmó que el decreto aprobado hoy se tramitará como proyecto de ley, señaló que, entre las novedades que presenta la norma, se incluye el retrasar dos años el plazo para elevar de ocho a doce días la indemnización por finalización de contrato temporal. Así, la medida empezará a aplicarse a partir de 2012, de tal forma que la indemnización irá subiendo un día por año, hasta llegar a un total de doce días en 2016.